Por primera vez desde asumir el poder, el Gobierno del presidente Alberto Fernández se pronunció al respecto de la crisis política, social y humanitaria que atraviesa Venezuela y cuyo último capítulo ocurrió este domingo al impedírsele al autoproclamado presidente de esa nación, Juan Guaidó, ingresar al parlamento para someterse a una sesión de investidura, por medio de barricadas y retenes instalados por la Policía Bolivariana, que responde al actual titular del Ejecutivo, Nicolás Maduro.
Al final de la tarde, y desmarcándose de la mayoría de países de la región, la Cancillería emitió un comunicado en el que repudió el "hostigamiento" a diputados, periodistas y miembros del cuerpo diplomático al momento de ingresar al recinto de la Asamblea Nacional para elegir a las nuevas autoridades de su junta directiva, un paso fundamental para que Guaidó pueda seguir ostentando el título de "presidente encargado". Frustrado el ingreso del dirigente y varios correligionarios, la porción pro-Maduro del cuerpo nominó para la presidencia a otro diputado opositor, Luis Parra, enfrentado con Guaidó.
Ante lo ocurrido, el Gobierno dio muestra cabal de la política de equilibrismo que pretende mantener frente a la crisis, para no traicionar a sus bases ni el pasado afín que el kirchnerismo supo tejer con el socialismo venezolano, ni perder el apoyo que Estados Unidos -por ahora- le promete para terciar en las negociaciones que buscan modificar las condiciones de repago del crédito por u$s 57.000 millones tomados con el FMI.
Como muestra de este doble estándar, el canciller Felipe Solá fue más lejos que el comunicado oficial. Rechazó que se impidiese por la fuerza el funcionamiento de la asamblea, e instó a Maduro a aceptar que "el camino es exactamente el opuesto" y que el parlamento "debe elegir su presidente con total legitimidad". Caso contrario, avisó, el camino "es condenarse al aislamiento internacional".
Para la Argentina, lo ocurrido resulta "un nuevo obstáculo para el pleno funcionamiento del Estado de Derecho", una condición "esencial" para encaminarse a "una salida transparente", y en ese sentido hubo un llamado a todas las fuerzas políticas a "recuperar el diálogo".
Resaltando que el Gobierno no pretende involucrarse en la situación interna de otros países, la Cancillería instó a "reencauzar el proceso de elección de sus autoridades en el pleno respeto de las reglas constitucionalmente establecidas".
Con bastante distancia de la posición conciliadora del Gobierno, el Grupo de Lima condenó el uso de la fuerza por "el régimen dictatorial de Nicolás Maduro" para impedir el acceso a la Asamblea, desconoció a las nuevas autoridades, y rechazó las "intimidaciones e interferencias". Acompañaron esa declaración Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. La Argentina eligió desmarcarse en esta oportunidad, lo cual siembra dudas sobre su permanencia en este foro opositor a Maduro y patrocinado por Washington.
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