Culminaron las rondas de negociaciones con las provincias de cara al ajuste del Presupuesto 2019. Y, mientras en la Casa Rosada esperan la devolución del abanico de opciones presentado a los ministros provinciales, ya adelantaron que uno de los programas que se "superpone" entre Nación y provincia desaparecerá.
El Gobierno comunicó esta semana a los empresarios de la construcción que a partir del 2019 el Fondo Nacional de la Vivienda (Fonavi) quedará exclusivamente en manos de las provincias y que discontinua el plan creado por Cambiemos para vivienda social.
"El Gobierno busca recortar $ 300.000 millones y, de acuerdo con cómo salgan las negociaciones con las provincias va a ser el ajuste en la obra pública. Mientras tanto adelantaron que en vivienda social hay partidas como las del Plan Federal de Viviendas que se está discontinuando", explicó a El Cronista una fuente del sector privado que participó del encuentro realizado el miércoles pasado en Balcarce 50.
El Plan fue lanzado por el presidente Macri el 28 de abril de 2016 y proponía en un plazo de 4 años construir 120.000 viviendas, dar 175.000 créditos subsidiados (incluyendo Pro.Cre.Ar), entregar 300.000 títulos de propiedad, otorgar 450.000 microcréditos para refaccionar.
"Es momento de fortalecer la gobernanza global", subrayó el Presidente desde la cumbre que reúne a los BRICS, en Johannesburgo. Alertó también sobre el impacto económico que tiene la guerra comercial desatada principalmente por EE.UU.
El costo total estimado por la administración nacional al momento de su lanzamiento para los cuatro años en que iba a durar el plan era de 100.000 millones de pesos.
"Tenemos entendidos que con esto obtendrían un ahorro de $ 17.000 millones para el 2019", agregó la misma fuente.
Si mantendría ese número, ya significaría un ajuste de 30% vía inflación ya que es el mismo monto que se integran con recursos provenientes de un porcentaje del Impuesto a los Combustibles líquidos, a los que se le adicionan los provenientes de los recuperos de las inversiones y los propios aportados por las jurisdicciones.
Parte de estos fondos eran destinados a través de transferencias de capital vía programas como Hábitat Nación, Acciones de Vivienda y Desarrollo Urbano y bajo el ítem "otros" de la partida de Vivienda y Urbanismo, algo que desde las provincias reclaman que llega en "cuentagotas".
Según el último informe de ejecución presupuestaria de Asap llegó a las provincias para este ítem $ 12.599 millones lo que muestra un 53% de ejecución pero, cuando se desgloza, se observa que en montos esto significa que Vivienda y desarrollo urbano cayó 12,7% respecto de 2017 y el ítem "otros" más de 60 por ciento.
En abril pasado este diario adelantó desde el Ministerio de Interior que conduce Rogelio Frigerio con el secretario de Vivienda, Iván Kerr, habían comenzaron a trabajar en un proyecto de Ley Nacional de Acceso a la Vivienda en donde "idea principal es que estos fondos estén afectados exclusivamente para reducir el déficit habitacional". explicaba una fuente del Ministerio de Interior. Las provincias suelen utilizar los fondos que son de libre disponibilidad para pagar gastos corrientes.
Según los últimos relevamientos en el país hay 12,2 millones de hogares totales y el déficit alcanza a 3,5 millones de viviendas. Más del 50% del déficit se concentra en Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe.
Parte de estos modificaciones que ya se empiezan a develar de cara al Presupuesto 2019 forman parte del plan trazado en el acuerdo con el FMI en donde, como parte del ajuste, la Nación se compromete a dejar de realizar transferencias discrecionales a las provincias "asociadas a gastos que han sido asignados como responsabilidad de cada provincia por la Constitución"
Los otros Fondos que están en la mira y donde el Gobierno propuso a las provincias ajustar es el de Incentivo Docente (Fonid) con algo más de $ 13.000 millones y las transferencias "varias" del Ministerio de Salud con cerca de 2.500 millones de pesos.
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