“Uber es evasión”. “Uber es trabajo en negro”. “Uber es ilegal”. Más allá de la conflictiva llegada de la plataforma de carsharing a la Argentina -sobre todo, en la ciudad de Buenos Aires-, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) parece haberse hecho eco de los argumentos que suele repetir el Sindicato de Peones de Taxis: le exige a la empresa $ 358,7 millones de pesos en concepto de impuestos y cargas sociales.
El monto es por $ 147,4 millones en concepto de impuesto al valor agregado (IVA) y del tributo a las Ganancias, más $ 211,3 millones de gravámenes a la seguridad social de unos 16.000 choferes que usan la plataforma. El dinero exigido corresponde a los períodos fiscales 2016 y 2017.
Según informó la AFIP en un comunicado, la decisión surge de una fiscalización conjunta de la Dirección General Impositiva (DGI) y la General de los Recursos de la Seguridad Social. En el ajuste fiscal, se dispuso el cobro de impuestos nacionales por $ 147.493.678. De ese monto, $ 67.042.581 son por Ganancias y $ 80.451.097, por IVA. Del reclamo laboral, $ 24.927.589 son por aportes y $ 31.070.025 por contribuciones a la Seguridad Social, más intereses ($ 43,3 millones) y multas ($ 111,9 millones).
Uber sólo está habilitado para operar en Mendoza y en Córdoba. Pero, mientras mantiene la batalla legal para recibir el permiso del Gobierno porteño, sus choferes también operan en la ciudad de Buenos Aires. La compañía llegó al país en 2016 y tiene más de 1 millón de usuarios activos. Sin precisar, se limita a afirmar que posee miles de “socios conductores” registrados. Hace días, lanzó su plataforma de delivery, Uber Eats, en el GBA (Ramos Mejía y Haedo). Ya estaba activa en Mendoza y en Córdoba.
Según la AFIP, pese a haber desarrollado operaciones por cifras millonarias, “se registra una ausencia total de declaraciones y pagos impositivos” por parte de su grupo de empresas.
“Al realizar un profundo análisis del movimiento de los fondos cobrados por los viajes en el país, se detectó que el dinero se transfirió en su totalidad al exterior, a través de un complejo entramado societario internacional”, indicó la AFIP. Agregó que, luego, el porcentaje de cada chofer regresó al país por medio de, al menos, tres entidades financieras.
Consideró que, en el período fiscalizado, Uber desarrolló un servicio de transporte por medio del trabajo de los propietarios de los vehículos y de sus conductores. “Corresponde que la empresa pague IVA y Ganancias a través de su representación permanente en el país”, sostuvo. En relación a los aportes de la Seguridad Social, estableció que los choferes son empleados en relación de dependencia y no trabajadores independientes, como sostiene la empresa. Se basa en que Uber determina las condiciones en que deben prestar el servicio; fija la tarifa y el recorrido; y, en base a las calificaciones del pasajero, puede “desconectar” al chofer. Además, no es él quien cobra, sino la empresa, que le deposita la remuneración en una cuenta que debe tener a tal fin.
La AFIP detectó la existencia de una ingeniería de sociedades que conforman un conjunto económico, en los términos de la Ley de Contrato de trabajo. Compuesto por empresas nacionales y extranjeras, ese “complejo” entramado, indicó, “se creó para dificultar ante el fisco la identificación de los responsables de llevar adelante la actividad de transporte de pasajeros”. La fiscalización concluyó en que no se pagaron tributos a la seguridad social. “Esta conducta impide que dichos trabajadores gocen de los mismos derechos que aquellos que están registrados, como vacaciones, aguinaldo, Obra Social, ART y una futura jubilación”, indicó.
La respuesta de Uber
La empresa Uber comunicó anoche que no recibió hasta ahora “notificación formal de AFIP de proceso alguno”. Aclaró que “paga todos los impuestos, está a disposición de cualquier consulta de la AFIP y confía en seguir contribuyendo al crecimiento de la Argentina”.
La compañía precisó que colaborará en el proceso administrativo que el ente recaudador le indique, “siguiendo lo que establece la legislación fiscal local, el Convenio entre la República Argentina y el Reino de los Países Bajos para evitar la doble imposición y prevenir la evasión”.
Asimismo, indicó que según fallo firme de la justicia en lo Penal Económico, “Uber no evadió ni evade aportes de la seguridad social, ya que no corresponde su pago por la naturaleza de la actividad que realizan los conductores”.
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