La Argentina logró poner punto final a un proceso en el que no todos confiaban que tendría un final feliz. Reestructuró con éxito 21 bonos por un total de u$s 66.137 millones, con un nivel de aceptación de 93,5%, y se abrió el panorama para la economía local.
Tras haber anunciado el acuerdo con los acreedores, hoy la Argentina dejará de lado formalmente el default.
Este hecho es muy bien visto y aplaudido por todo el arco empresarial. Afirman, por ejemplo, que les abrirá el camino hacia líneas de financiamiento a nivel internacional, que si bien hoy no se encontraban totalmente cerradas, la realidad muestra que no eran baratas.
Pero los industriales advierten que el gran punto ahora pasa por despejar el alto nivel de incertidumbre que hay respecto de muchas cuestiones económicas.
Uno de los puntos centrales en este sentido tiene que ver con la política cambiaria, al que tanto empresarios como analistas califican como "el peor frente".
"Desde que se anunció el acuerdo no se ve ningún cambio en este sentido. Y tampoco sabemos qués lo que se pretende hacer. Por supuesto que salir del default es importante y se puede apostar a la confianza; nadie lo niega. Pero que no haya certezas respecto de varias cuestiones no es positivo", sostuvo a El Cronista uno de los empresarios consultados.
En este sentido, todos hacen referencia también a las debilitadas reservas con las que cuenta el Banco Central, que en agosto cerró con una fuerte pérdida a raíz de las intervenciones que debió realizar para controlar el tipo de cambio oficial. Así, sacrificó algo más de u$s 1100 millones durante el mes pasado.
Y aquí es donde también entran en juego variables como la imposibilidad de compra de divisas por las empresas, el giro de utilidades, una mayor restricción del cepo e incluso la posibilidad de que el Gobierno decida devaluar.
"Todas estas son variables que tenemos que tener en cuenta. La salida del default es clave y si no hubiera ocurrido el golpe hubiera sido durísimo. Pero no es la única variable a que debemos prestar atención al momento de decidir inversiones. Si no se conoce cuál es el rumbo, la situación también es complicada", apuntó un empresario.
En el terreno de la incertidumbre también entra la seguridad jurídica. La determinación del Gobierno de decretar a las telecomunicaciones como servicio público abrió un nuevo foco de conflicto dentro de las empresas, que ven como de alguna forma se comienzan a hacer presentes medidas que muestran una radicalización de la gestión de Alberto Fernández.
Y ya cerradas las conversaciones con los acreedores privados, ahora llegará el turno de negociar con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Se espera que el organismo internacional quiera imponer aspectos como la reducción del déficit -entre otras cosas-, situación de la que también se esperan detalles sobre cómo se llegará a cumplir con ese objetivo.
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