Hace un mes, a través de una solicitada, Zanella le exigió a La Emilia, fabricante de la marca Motomel, que desistiera de sus “ilegítimas acciones” legales, acusándola de ser la “eventual responsable” de la quiebra de la compañía.
“Nosotros contestamos a la solicitada diciendo que nuestra oferta sigue en pie”, responde Marcelo Meller, presidente de la acusada. “Es, por lo menos, curioso por qué no se hace lugar a nuestra propuesta, siendo el doble de la otra existente”, replica. La pelea judicial en torno a la venta de la marca y la fábrica de Zanella en San Luis, asegura, frena una inversión de $ 3000 millones que La Emilia proyecta hacer en esa instalación.
La crisis de Zanella es una novela antológica, que se escribe en capítulos, muchos de ellos, trágicos. Marca con siete décadas de historia, en 1999, pidió el concurso preventivo, proceso en cuyo marco ingresó como accionista, en 2003, el suizo Walter Steiner, ex ejecutivo del grupo cementero Holcim en el país.
Con él al manubrio, la empresa recuperó empuje durante la década pasada, gracias a su sintonía fina con la administración Kirchner. A punto tal que, en el mercado, a la Ley 26.457, que creó el régimen de incentivo a la inversión local de emprendimientos de motocicletas y motopartes, sancionada en diciembre de 2008, se la bautizó “Ley Zanella”.
El buen entendimiento de Steiner –un suizo argentinizado– con el entonces poderoso gendarme económico de las administraciones K, Guillermo Moreno, lo llevó a entusiasmarse con la fabricación de un “auto económico”. Pero, en los últimos años, ese sueño se evaporó. Entre 2017 y 2019, las ventas de Zanella se derrumbaron 72,5%, de 125.559 a 34.507 unidades, según estadísticas de la división Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). En el mismo lapso, el mercado interno de motos se retrajo 53,4%, de 688.479 a 320.671 patentamientos.
El derrumbe comercial detonó una crisis financiera en Zanella. Desde 2008, Steiner buscó, primero, un socio que inyectara capital en la empresa. Después, directamente, venderla. Por lo menos, tres negociaciones se habrían caído en instancia de due-dilligence. Una, con un importante fabricante local de artículos de electrónica, que recientemente se expandió al negocio de la movilidad.
Meller se reunió con Steiner en octubre del año pasado. Pero no hubo acuerdo con la forma en la que el suizo exigía el pago de la transacción. Como el concurso de la empresa todavía está abierto, La Emilia optó por hacer una oferta directamente en el juzgado. Se presentó el 22 de noviembre. “No nos dejaron ver el expediente”, dice Meller.
No obstante, algunos días después, el 3 de diciembre, La Emilia oficializó su propuesta: $ 245 millones por la marca y la fábrica de San Luis, con un plan para garantizar la continuidad de los 70 puestos de trabajo que hoy tiene esa planta. Agustín Ruta, titular del juzgado Civil, Comercial y de Minas Número 4, la rechazó al día siguiente.
Como respuesta, La Emilia recusó al magistrado por parcialidad y pidió la nulidad del concurso. La causa, de momento, cayó en el juzgado 3, de Valeria Celeste Benavídez, quien aprobó la oferta de Motomel.
Zanella se opone: en forma privada, firmó un acuerdo de $ 117 millones con IMSA, importadora de la marca taiwanesa Kymko y entre cuyos accionistas está la fabricante Corven Motors.
Lo que viene
Finalizada la feria judicial, las partes esperan que la Cámara de Apelaciones de San Luis decida sobre el planteo de La Emilia: la recusación al juez y la nulidad del proceso. Si eso ocurre, la causa volverá a Benavídez.
“Si la jueza decide, incluso, abrir una licitación, estamos dispuestos a que se haga una compulsa de precios para que se la lleve el que más ponga”, asegura Meller. “Si perdemos, queremos perder bien”, sugiere.
El empresario se mantiene con la guardia alta porque, en 17 años, el concurso de Zanella, dice, se convirtió en un cúmulo de desprolijidades e irregularidades. “No sabemos qué está vendido o liquidado”, plantea.
Como el acuerdo del concurso original data de 2003, el 95,5% de esa deuda ya está licuada, asegura. Y, después años de acreedores que desistieron –o no se les verificaron sus deudas–, el único dato concreto del pasivo posconcursal son u$s 7 millones, que corresponden a una aseguradora que, para sanear su balance, terminó transfiriéndole esa contingencia a su casa matriz, en China.
Meller duda sobre la posibilidad de levantar el concurso si la marca, que es el 80% del activo actual de la empresa, se compra a sólo u$s 2 millones. “Se quiere vender la marca a precio vil”, afirma.
Con términos como “vaciamiento” y “maniobras de distracción”, advierte sobre el peor de los escenarios: que, una vez que la Cámara se expida, Steiner encuentre la forma de levantar el concurso para transferirle la marca a IMSA sin necesidad de autorización judicial.
Según Meller, la suya es la única propuesta que garantiza la continuidad de la fábrica puntana. “Hablamos con el Gobierno de San Luis y está muy interesado. Pero, obviamente, depende de la Justicia”, aclara, sobre el funcionamiento republicano en los pagos de Alberto Rodríguez Saá.
“Estamos muy interesados en Zanella. Nos da una sinergia muy importante con nuestra marca”, asegura. “Para nosotros, es una operación estratégica. Buscamos liderar el mercado y Zanella es una marca muy fuerte. Siempre fue referente de producto y tecnología. Queremos que vuelva a ese lugar”, agrega.
El año pasado, Motomel vendió 41.852 motos, una caída del 46,2% contra 2018, según Acara. Le valió una participación de mercado del 13,1%, contra el 23,4% del primero, Honda, y por encima del 11,3% de Corven. Su planta de San Nicolás, Buenos Aires, tiene una capacidad de producción 16.000/18.000 motos por turno. Actualmente, hace 3500/3800 y opera a uno solo. Emplea a 370 personas, de las cuales 180 son en la línea de montaje. A partir del próximo semestre, empezará a fabricar en el país motos bajo la marca de Suzuki.
Su proyecto es que San Luis concentre la producción de Zanella. “En tres años, deberíamos estar llevando la planta a no menos de 1500 unidades mensuales”, afirma Meller. Eso crearía, en ese tiempo, 500 nuevos empleos, entre puestos directos e indirectos.
Los $ 245 millones de la compra se efectivizarían de un solo pago, con fondos propios, y saldría a buscar financiamiento bancario para el resto de los $ 3000 millones que quiere invertir en San Luis. Aunque la propuesta original no lo contempló, La Emilia también está dispuesta a quedarse con la planta central de Zanella, en Caseros. “No estamos cerrados. Mucho menos, si se ofrece al precio oficial que figura: u$s 400.000. Sería un gran negocio inmobiliario”, dice. Sería difícil, en estos momentos, pensar en otra cosa: con persianas bajas y despidos que continúan, desconoce en qué estado se encuentra el inmueble, ni si conserva –o no– stock y maquinaria.
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