Para los mayores de 40, hablar de Tattoo y su grito de "¡El avión, el avión!", remite indefectiblemente a la famosa serie de televisión "La isla de la fantasía", en la que distintos personajes viajaban a una isla misteriosa en el medio del océano para cumplir sus sueños.
El recientemente asumido presidente del Uruguay, Luis Lacalle Pou, parece haberse inspirado en este programa de su niñez para una de sus medidas estrella de su nuevo mandato. En palabras de su flamante ministro de Turismo, Germán Cardoso, el vecino país se va a convertir en "La isla de la tranquilidad", donde los inversores de todo el mundo puedan cumplir sus deseos de tener una presión impositiva muy inferior a la de otras latitudes, empezando por la fiscalmente voraz Argentina.
"Me parece que está generalmente aceptado que el Uruguay se beneficiaría con 100.000 o 200.000 habitantes más", expresó el ahora mandatario en una entrevista, refiriéndose a dos problemas que va a enfrentar su gobierno: la baja población (poco más de 3 millones) y la falta de inversiones.
Por eso, el proyecto que el nuevo gobierno quiere presentar ante el Congreso contempla una reforma fiscal que reduzca a la mitad el tiempo mínimo de permanencia que debe cumplir cualquier inversor extranjero en territorio uruguayo, así como el monto mínimo a invertir para obtener la residencia.
Si antes había que estar por lo menos 183 días en el país, ahora ese lapso se reduciría a tan sólo 90 días. Y si hacía falta invertir u$s 1,8 millones en inmuebles, o u$s 5,4 millones en un negocio, con el nuevo proyecto impositivo sólo serán necesarios u$s 500.000.
La idea no es demasiado novedosa, puesto que el país tiene una larga tradición en captar los ahorros de extranjeros desde hace décadas, con un sistema de secreto bancario y de exoneración fiscal que fue muy utilizado para atraer inversiones extranjeras.
La "Suiza de América del Sur" no era llamada así por sus lagos, montes nevados y chocolates, sino por las facilidades impositivas que otorgaba el país, lo que lo incluía dentro de la larga lista de paraísos fiscales donde podían refugiarse capitales de dudoso origen y fortunas que escapaban de las inclemencias del fisco doméstico.
Sin embargo, esa época dorada quedó seriamente dañada luego del atentado a las Torres Gemelas de Nueva York en 2001, y sepultada a partir de 2008, con el estallido de la crisis subprime. La preocupación por cerrar todas las vías de financiamiento ilegal de los movimientos terroristas internacionales y del narcotráfico, alimentados por el lavado de dinero, por un lado, y la necesidad de recuperar los fondos no declarados de los contribuyentes de Estados Unidos y la Unión Europea (UE), por el otro, fueron el tiro de gracia de un sistema que, hasta ese momento, había funcionado como un reloj, no solo en Uruguay, sino también en Suiza y tantos otros centros bancarios off shore.
Y ahora, lo que pretende establecer el presidente Lacalle Pou tampoco es el descubrimiento de la pólvora. Suiza viene aplicando un sistema fiscal altamente beneficioso para que los extranjeros más ricos se instalen allí, y el Principado de Mónaco es un especialista en ofrecer condiciones irresistibles para que las grandes fortunas europeas se escapen de las garras del fisco de cada país.
Incluso en momentos en que se está negociando duramente la futura asociación entre la UE y el Reino Unido post Brexit, el gran temor de la Comisión Europea está en que, en caso de que no se acuerde una integración ordenada entre ambas economías, el gobierno británico "se corte solo" y decida convertir al país en el mayor paraíso fiscal de Europa, lo que implicaría competir con gran ventaja contra las regulaciones de la UE.
Entre dos gigantes
Este no es el caso del Uruguay, un "paisito" como les gusta llamarse a sus habitantes, atrapado entre dos gigantes como Brasil y la Argentina, con inestabilidades económicas crónicas que, inevitablemente, terminan afectando a la economía charrúa.
Por eso, ahora Lacalle Pou busca recuperar parte del encanto financiero perdido con esta propuesta de reforma impositiva que, a ojos de su homólogo Alberto Fernández, hace bastante ruido. Y, sobre todo, cuando el gobierno argentino mantiene un control de capitales y busca por todos los medios aumentar la recaudación impositiva para honrar los compromisos de la deuda soberana. "Le costó tanto al Uruguay desprenderse del mote de paraíso fiscal que volver a eso no me parece una buena idea", advirtió recientemente el presidente argentino.
En la otra orilla, mientras tanto, la idea parece sumar adeptos, por lo menos dentro del nuevo gobierno. "A medida que personas con altos ingresos se instalen aquí, eso tendrá un impacto inmediato en la economía", se entusiasmó el ministro Cardoso. Habrá que ver si el funcionario tiene pensado ir personalmente al aeropuerto de Carrasco a gritar "¡El avión, el avión!" cada vez que llegue un inversor a territorio uruguayo.
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