Ley de teletrabajo: qué cambios plantea el proyecto y cuándo se tratará en el Congreso

Exponentes del sector empresarial expresaron hoy, con reparos, su acompañamiento a la iniciativa unificada entre oficialismo y oposición ante la Comisión de Legislación del Trabajo. La iniciativa podría recibir dictamen este miércoles.

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“La intención es que el miércoles se aborde el dictamen de teletrabajo”, anticipó la diputada y presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley, esta mañana, antes de pasar a escuchar a los representantes de cámaras empresariales, que fueron convocados para que expresen su postura en torno a la iniciativa que busca regular la modalidad remota. De ser así, el proyecto de ley, cuyo tratamiento se vio precipitado como consecuencia de la cuarentena, que obligó a muchos sectores a poner en marcha la modalidad, podría tratarse en la próxima sesión que celebre la Cámara de Diputados, aún sin definir.

Tras las exposiciones que brindaron representantes sindicales y el ministro de Trabajo Claudio Moroni la semana pasada, hoy fue el turno de escuchar al sector empresarial, que, si bien se mostró conforme con la iniciativa, expresó ciertos reparos sobre el texto unificado en que, oficialismo y oposición, se encuentran trabajando. Los principales cuestionamientos giraron en torno al derecho a la desconexión, al incremento de los costos de ART que los empleadores deberán afrontar y a la falta de diferenciación entre pequeñas y grandes empresas. 

La iniciativa que actuaría como una ley marco, a la que después cada convenio de trabajo deberá incorporar las adecuaciones, establece, entre otros puntos, la incorporación del artículo 102 bis a la Ley de Contrato de Trabajo. En él, se especifica que se considera teletrabajo cuando la realización de actos, ejecución de obras o prestación de servicios es “efectuada total o parcialmente en el domicilio de la persona que trabaja, o en lugares distintos al establecimiento o los establecimientos del empleador mediante la utilización de tecnologías de la información y de las comunicaciones”.

En cuanto a la decisión de pasar de modalidad presencial a teletrabajo, el texto determina que debe ser por decisión una voluntaria del empleado, que debe dejar plasmada por escrito, al tiempo que deja en claro que esa modalidad podrá ser revocada por la misma persona “en cualquier momento”.

Además, la iniciativa incorpora el “derecho a la desconexión digital”. Es decir, que el trabajador tiene derecho a no estar conectado y a desconectarse de los dispositivos digitales fuera de su jornada laboral y durante licencias. La ley también aclara que aquellos trabajadores que hagan uso de esta modalidad, tendrán los mismos derechos y obligaciones que los empleados que opten por la modalidad presencial. Lo mismo corre para las remuneraciiones, que deberán corresponderse con el convenio colectivo de trabajo, "no pudiendo ser inferior, en su caso, a la que percibía o percibiría bajo la modalidad presencial”.

En tanto, cada convenio colectivo de actividad, que negocia el gremio más representativo de cada sector, junto con la cámara empresaria correspondiente, deberá resolver cuestiones específicas del rubro. Por caso, la cantidad de horas que tendrá la jornada, qué herramientas deberá proveer el empleador así como también de qué gastos se hará cargo. Por ejemplo: de la factura de luz o de internet del empleado.     

Entre los reparos que expresaron los representantes empresariales, Laura Giménez, jefa del departamento de política social de la UIA, consideró que el pedido de reversión debería ser una iniciativa de cualquiera de las dos partes y que el aviso debería hacerse al menos 30 días antes. Sobre este punto, el diputado Eduardo Fernández, autor de uno de los 17 proyectos de teletrabajo se encargó de aclarar que la reversibilidad es un derecho para ambas partes: empleador y empleado. En cuanto al derecho a la desconexión Giménez planteó que no es posible simplificarlo con requisitos globales, y propuso que “cada actividad requiere un traje a medida”.

De paso, la jefa del departamento de política social de la UIA sugirió que la entrada de vigencia de la norma se ponga en marcha 180 días después del levantamiento de la cuarentena dispuesta en el marco de la pandemia de coronavirus .

En tanto, Esteban Mancuso, coordinador de asuntos laborales de la Cámara Argentina de Comercio cuestionó que la revocación unilateral de la manera remota a modalidad presencial “vulnera el poder de organización y dirección que tiene el empleador sobre el establecimiento”. 

En este sentido, consideró que la iniciativa debería otorgar “cierta previsibilidad". Además, Mancuso expresó sus dudas en torno a la cobertura y los valores de las ART en el marco del teletrabajo. Es que, de implementarse esta modalidad, la cobertura se extendería no solo al establecimiento, sino a numerosas viviendas, “lo que implicaría un costo para el empleador”, según destacó.

Además, Mancuso puso el ojo en el derecho a la desconexión y preguntó cuáles serían sus límites. Es por ello que consultó si un mail enviado fuera de horario o una llamada telefónica hecha una vez terminada la jornada laboral, “¿sería considerado una injuria, acoso laboral?”.

A su turno, Leo Bilanski, presidente de Empresarios Nacionales para el Desarrollo Argentino remarcó que la ley debería diferenciar tres estratos: empresas que tienen hasta 10 empleados, por un lado; empresas que tienen entre 11 y 200 empleados por otro y, finalmente, considerar a aquellas que tienen un personal por encima de 200 personas.

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