Zanella acusa a Motomel de ser el eventual responsable de su quiebra

A través de una solicitada, que saldrá publicada el viernes en medios de circulación nacional, Zanella intima a La Emilia a que cese las "ilegítimas acciones" con las que la fabricante de Motomel traba la venta de algunos de sus activos a Importadora Mediterránea (IMSA), representante local de la taiwanesa Kymko.

"Motomel pone en riesgo la continuidad laboral de los trabajadores de Zanella", se titula la solicitada.  La empresa, que atraviesa desde hace meses una severa crisis, dice que "considera a Motomel responsable, conjuntamente y en forma solidaria con sus directores, de todos los daños y perjuicios (incluyendo lucro cesante, daño emergente, daño comercial y de imagen) que estas conductas están generando y generen en lo sucesivo a la compañía, incluyendo la responsabilidad en la eventual quiebra".

La eventual venta de Zanella a IMSA se había acordado a fines de noviembre. La operación, que había sido autorizada por el juez Agustín Ruta, quien estaba a cargo del concurso preventivo, quedó en espera, luego de que La Emilia, fabricante de Motomel, recusara al magistrado y pidiera la nulidad de las actuaciones en otro juzgado.

La novela comenzó cuando Zanella firmó con IMSA un acuerdo para la venta de sus activos. La propuesta, explican desde la compañía, incluía la venta de la planta en la ciudad bonaerense de Caseros y un contrato para que IMSA fabricara en San Luis motos con la marca Zanella. 

Una vez cerrado el trato, se lo entregaron al síndico y al juez para que lo autorizaran. El monto de la operación, explicaron desde  Zanella, permitía pagar las deudas con los empleados y los acreedores. A la vez, se garantizaba la continuidad laboral de los empleados.

El 21 de noviembre, tras haberse enterado de esta situación, Motomel presentó un escrito en el que, aseguran, duplicaba la oferta de IMSA. Dos semanas después, el juez autorizó la operación, pero Motomel asegura que no tuvo en cuenta su presentación.

“Cajoneó el escrito. Debería haber dicho algo. Pero ni lo mencionó. Y hay que tener en cuenta que lo que está en juego no es solo el derecho de Zanella a vender sus marcas, sino los derechos de los acreedores”, dijo Roberto Pagano, abogado que representa a Motomel en la causa.

El letrado dice que lo que se cuestionó es la habilidad de Zanella para cerrar un acuerdo de la manera en que lo hizo. Además, reclamó que el juez no hizo una compulsa de precios ni tuvo en cuenta la propuesta de su cliente.

Ese fue el motivo por el que pidió la recusación del juez Ruta, que se apartó de la causa. El expediente cayó, entonces, en manos de la jueza Valeria Celeste Benavídez, que aceptó la apelación de Motomel. 

"Solo se puede concluir que  Motomel quieren obstacularizar la disposición que hizo el juez orginal del concurso", dijo la apoderada de Zanella

Esta decisión derivó en un pedido de recusación por parte de Zanella, que aún está pendiente de resolución. La compañía, además, le pidió a la Cámara que fallara sobre la validez de lo actuado por el primer juez de la causa.

“Lo único que busca Motomel con un irrupción en el expediente es extender los plazos y forzar la declaración de quiebra. El acuerdo con IMSA permitía sanear el déficit y aseguraba un ingreso de dinero que permitiría la continuidad de la empresa. Ahora, está todo frenado”, se quejó la apoderada de Zanella, Soledad Fraire, que agregó que la quiebra bajaría el precio de los activos y facilitaría que Motomel se quedara con la empresa.

Fraire aseguró que no entiende por qué se le dio lugar al pedido de Motomel. Es que la compañía santafesina no forma parte de la causa, ya que no es ni proveedora ni acreedora de Zanella. 

Comás de espera

Tanto Zanella como Motomel están esperando que termine la feria judicial para empezar a tener certezas. Por un lado, la jueza Benavídez debe decir si acepta o no la recusación. Por el otro, la Cámara tiene que determinar la validez de lo resuelto por el magistrado Ruta.

Mientras tanto, la planta de San Luis, en la que trabajan 70 personas, está paralizada a la espera de la definición judicial. A los empleados, se les dio vacaciones. Pero, todavía, no se sabe qué pasará una vez finalizado el período de licencia. Se suponía que IMSA ya debería haber comenzado la producción.

El final de la novela aún está abierto y no queda claro quién saldrá victorioso en esta historia.