Caso CBI: las 34 personas (físicas y jurídicas) que la Justicia y el Central tienen en la mira

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El escándalo por la mesa de dinero que operaba CBI y que destapó InfoNegocios la segunda semana de febrero lejos está de apaciguarse.

Este medio tuvo acceso al pedido de información que solicitó - a instancias del juez federal Ricardo Bustos Fierro - el Banco Central de la República Argentina a todas las entidades financieras del país (Comunicación “D” 19846) para que se informe sobre la actividad de las personas físicas, a quienes bloqueó sus cuentas bancarias.

Llama poderosamente la atención la inclusión del influyente empresario Euclides Bugliotti y la presencia de JuanMar S.A., de Juan Ostanelli y Marcelo Cossar, cuya dirección fiscal corresponde a la misma oficina donde funcionó el estudio de Ramón Mestre hijo.

Las personas físicas a las que el BCRA pidió bloquear todas las cuentas que tuvieran en el sistema financiero:

  • Eduardo Rodrigo
  • Jorge Suau
  • Aldo Ramírez
  • Julio Ahumada
  • Daniel Tissera
  • Oscar Altamirano
  • Luis María de los Santos
  • Doris Puccetti
  • José Núñez
  • Víctor Alaniz
  • Euclides Bugliotti

El BCRA también pidió datos de las siguientes personas jurídicas:

  • Cordubensis S.A. (la sociedad que manejaba CBI)
  • Businesses & Services S.A.
  • Security Valores Córdoba (la sociedad de bolsa de Jorge Suau)
  • Compañía de Soluciones Corporativas
  • Inalta S.A. (la sociedad creada en octubre por Rodrigo y el periodista Víctor Alaniz)
  • Forcom S.R.L.
  • Bacar
  • Total Business S.A.
  • VMCBA Seguridad
  • Juanmar S.A. (la sociedad propiedad del secretario privado del intendente Ramón Mestre (h), Juan Pablo Ostanelli y del viceintendente Marcelo Cossar)
  • Rosa del Oeste (que preside la esposa de Rodrigo)
  • Siemens Atos
  • Bristol S.A.
  • Dulcor S.A.
  • Acerco S.A.
  • Crisol Ingeniería S.A.
  • Euromayor S.A.
  • El Vallisto S.A
  • Prestar S.A.
  • Salvador S.R.L.
  • Jotemi S.A.
  • Centro Motor S.A.
  • Ramonda Motors S.A.


Pero el Central no sólo quiere saber si tienen o no actividad financiera sino que a través de un memo insta a las entidades a que le informen el perfil del cliente, el nivel de riesgo PLA/FT (Posible Lavado de Activos/Financiamiento del Terrorismo) y sus movimientos desde el 1 de octubre del año pasado.


De acuerdo al memo, las entidades tienen dos días para enviar esa información después de recibida la comunicación, que fue enviada el lunes.

Una crisis empresarial que salpica al poder político
Desde que trascendió el escándalo de la financiera, que funcionaba en el Dino y en la calle Rivadavia, la relación de CBI con la política estuvo presente.

Pero el pedido del BCRA salpica a funcionarios de la actual administración mestrista que ya habían sido nombrados por la carta que Suau hizo que le entregaran al fiscal federal Enrique Senestrari.

Una de las sociedades de la lista que investiga el juez federal Bustos Fierro es "JuanMar S.A.", propiedad de Juan Pablo Ostanelli y Marcelo Cossar y que según el Boletín Oficial fue constituida el 16 de octubre de 2007 (en el 2do piso 25 de Mayo 125, donde tenía su estudio el actual intendente Ramón Mestre).

La sociedad tiene como objeto social “fines de producción, industrialización y distribución de panes y galletas; la organización, asesoramiento y atención hoteles y moteles, salones de fiesta, restaurantes, confiterías, pizzerías, bares y casas de comida" y también declara que podría dedicarse a actividades del mundo financiero "mediante aportes de capitales a sociedades o empresas constituidas o a constituirse en cualquier proporción de su capital y a personas para operaciones realizadas o a realizarse, préstamos a intereses y financiaciones y créditos en general con cualquiera de las garantías previstas en la legislación vigente o futura, o sin ella". 

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