El CPI advierte de los "riesgos" de desregular a los inmobiliarios y nos llena de miedos (lo que yo creo de esto, punto por punto)

Cuando un colegio profesional sale a defender la regulación de su propia actividad, hay que leerlo con el mismo escepticismo con que leeríamos a un fabricante de velas defendiendo la prohibición de la electricidad. No porque siempre estén equivocados — a veces tienen razón — sino porque el conflicto de interés es tan obvio que merece ser nombrado antes de analizar los argumentos.

El Colegio Profesional Inmobiliario de Córdoba publicó un comunicado contra la eventual desregulación que estudia el ministerio de Federico Sturzenegger. Siete puntos, diez frases de "para resaltar" y un mensaje central: sin nosotros, ustedes están en peligro.

Vamos punto por punto.

Dice el CPI: "El mercado ya es libre. Nadie está obligado a contratar un inmobiliario"

Esto es cierto. Y es, curiosamente, el argumento más honesto del comunicado — aunque ellos lo usan para otra cosa. Si el mercado ya es libre en términos de elección, entonces la regulación que existe no protege al consumidor de contratar o no contratar: protege a quienes cobran comisión de que no los compita alguien sin matrícula. La distinción es importante.

Digo yo: Si nadie está obligado a contratar un inmobiliario, ¿por qué alguien sin matrícula no puede ofrecer sus servicios? Que el mercado decida. El consumidor adulto elige si confía o no en quien lo asesora. Somos el capitán de nuestro barco.

Dice el CPI: Desregular es como "habilitar a conducir sin licencia" o "ejercer la medicina sin título"

Acá es donde el comunicado se cae. Y hay que ir a fondo porque la comparación es, en el mejor de los casos, deshonesta.

Un médico sin título puede matarte. El error de diagnóstico de un cirujano no tiene solución. La asimetría de información entre un paciente y su doctor es radical: el paciente no puede evaluar si la cirugía estuvo bien hecha mientras está bajo anestesia. Un conductor sin licencia pone en riesgo a terceros que no eligieron interactuar con él.

Un inmobiliario sin matrícula que te asesora mal en una operación de compraventa te genera un problema legal o económico — grave, sí — pero con soluciones jurídicas disponibles, con tiempo para revisar contratos, con notarios que intervienen obligatoriamente, con registros de la propiedad que no dependen de si el intermediario tiene o no matrícula.

La comparación con la medicina es, técnicamente, una falacia. Los inmobiliarios no salvan vidas. Gestionan papeles y negociaciones. Equipararlos con cirujanos es exactamente el tipo de argumento que un gremio usa cuando no tiene argumentos mejores.

Digo yo: ¿Alguien vio alguna vez que un médico -con o sin título- no pueda ser demandado? La responsabilidad civil existe con o sin colegio. La diferencia es que el colegio cobra la matrícula. Si el mercado inmobiliario de Estados Unidos — el más grande del mundo — funciona con esquemas muy diversos de habilitación según estado, algunos sin matrícula obligatoria, y no colapsó en estafas masivas, el argumento no cierra."

Punto 3 del CPI: "Se traslada la responsabilidad del Estado al ciudadano"

Aquí hay algo de verdad, pero está mal formulado. La responsabilidad civil ante un fraude no la tiene el Estado ni el colegio: la tiene el individuo que cometió el fraude. La matrícula no evita las estafas — las estadísticas de estafas inmobiliarias en Argentina, con todo el sistema matriculado, lo confirman. Lo que hace la matrícula es crear una instancia de sanción corporativa adicional. Útil, pero no mágica.

Digo yo: "El ciudadano adulto ya asume riesgos en docenas de transacciones cotidianas sin que el Estado lo tutele. Compra autos usados, contrata plomeros, firma contratos de todo tipo. La idea de que necesita un colegio que lo proteja de sí mismo cuando compra una casa es paternalismo puro. La solución a las estafas no es más burocracia: es mejor acceso a información, contratos estándar y justicia rápida."

Punto 4 del CPI: "Sin profesionales matriculados, aumentan las estafas"

Afirmación sin evidencia. Y hasta con evidencia en contra. En Córdoba y en Argentina las estafas inmobiliarias no son un fenómeno de inmobiliarios sin matrícula — ocurren con operadores habilitados, con escribanos intervinientes, con toda la cadena regulada funcionando. La matrícula no es sinónimo de honestidad.

Digo yo: Córdoba debe ser una de las provincias donde más desarrolladores inmobiliarios están o han estado presos. ¿Les suena la Causa Márquez y Asociados?
Miremos qué pasa en el mundo digital: las plataformas de intermediación inmobiliaria — Airbnb, Mercado Libre Inmuebles, Zonaprop — operan sin corredores matriculados como intermediarios directos y el cielo no se cayó. La transparencia de la información reduce las estafas más que cualquier carnet.

Punto 5 del CPI: "El argumento de la baja de costos es incompleto y peligroso."

Coincido en que la desregulación no elimina los costos notariales ni registrales. Pero el costo que sí podría bajar es la comisión del intermediario — que en Argentina es de las más caras de la región, justamente porque el sistema colegial limita la competencia. Que el CPI diga que eso es "peligroso" es exactamente lo que uno esperaría escuchar.

Digo yo: "En un mercado libre, quien ofrece mejor servicio a menor costo gana. El corredor matriculado que hace bien su trabajo no tiene nada que temer de la competencia. El que sí tiene miedo es el que cobra el 3% por poner un cartel y hacer dos llamadas.

Punto 6 del CPI: "Estamos hablando del ahorro de toda una vida."

El argumento más emocional y, paradójicamente, el más válido como principio — aunque llegue a la conclusión equivocada. Precisamente porque es el ahorro de toda una vida, el ciudadano tiene incentivos gigantes para informarse, elegir bien y no firmar nada sin leerlo. La gente no es estúpida.

Digo yo: Justamente porque es el ahorro de toda una vida, la gente presta atención. Nadie compra una casa sin leer el contrato porque sea demasiado difícil: lo hace porque la ley se lo permite y los incentivos están ahí. El tutelaje estatal basado en asumir que el ciudadano es un niño que necesita protección es condescendiente y contraproducente.

Punto 7 del CPI: "Defender la profesión es defender al ciudadano."

La frase más corporativa del comunicado. Todos los colegios profesionales del mundo dicen exactamente esto. Los taxistas cuando aparecieron Uber. Los farmacéuticos cuando llegaron las farmacias online. Los escribanos cuando se habló de digitalizar escrituras. Siempre el mismo argumento: "somos imprescindibles, sin nosotros hay caos."

Digo yo: Nada más que decir, su señoría. Decida Ud. y cada uno como ciudadanos libres y -por favor- dejen sus opiniones en el recuadro de aquí abajo.

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