El registro de celulares va a ser un dolor de cabeza para las telcos

Con “alegría”, el ministro Aníbal Fernández anunció la firma del decreto que obligará a las empresas del sector (Claro, Movistar, Personal, ¿Nextel también?) a llevar un registro de los titulares de todos y cada uno de los aparatos activos, tanto pre-pagos como pos-pagos.
Invocando la necesidad de combatir delitos que utilizan esta tecnología, Fernández comparó los celulares a un arma (un disparate importante... ¿el mail qué sería, entonces?) y habló de un registro que incluirá huellas dactilares y la necesidad de declarar un domicilio físico donde llegará una carta que permitirá habilitar el teléfono.
Al cierre de esta edición, el viernes pasado, los ejecutivos de las empresas de telefonía celular no tenían una posición tomada sobre esto, pero me parece que todavía no habían dimensionado esta medida en su real magnitud.
Por ejemplo, ¿quién proveerá -y a qué costo- la tecnología para almacenar las huellas dactilares?, ¿de quién serán esos datos: de las empresas, del Estado? Y una duda no menor: ¿qué correo va a mandar a sus carteros a las villas de emergencia donde viven millones de personas con teléfono celular y donde no hay ni nombre de calles, ni números de viviendas?
Para jugar con un número: 30 millones de celulares pre-pagos implicarían 30 millones de cartas a $ 3 (papel más delivery) cada una, lo que daría un costo de casi 100 palitos, de arranque.
Me parece que -otra vez, de nuevo, again- el gobierno mete mano en un sector sin interiorizarse bien del tema, sin consultar las medidas y sin medir las consecuencias.
Ojalá me equivoque... ¿vos qué decís?