La Comisión Nacional de Valores decidió suspender preventivamente ayer a Security Valores Córdoba, la sociedad de bolsa que operaba como “espejo” de CBI, la financiera donde funcionaba una mesa de dinero. Además, instruyó a Mercado de Valores de Córdoba "para liquidar las operaciones pendientes a la fecha de dicha sociedad”.
Pero ésa no será la única financiera que investigue, según dijeron a InfoNegocios fuentes de la justicia federal. La CNV “también estudiará la financiera de (Euclides) Bugliotti para controlar si tiene los papeles en regla”. La entidad financiera propiedad de Bugliotti es Finandino, que abrió sus puertas en el segundo semestre de 2013.
"La suspensión preventiva (de Security Valores) subsistirá hasta que hechos sobrevinientes hagan aconsejable la revisión de la medida", informó la Comisión Nacional de Valores, en cuyo comunicado resaltó “que es deber de la Comisión monitorear y fortalecer el funcionamiento del sistema preventivo en materia de lavado de activos y financiación del terrorismo para fortalecer los mecanismos de protección y prevención de abusos contra los inversores".
La declaración de Rodrigo
Ayer, el CEO de CBI declaró durante siete horas y, según contó su abogado Carlos Palacio Laje a este medio, “no se calló nada”. En parte de sus dichos apuntó contra el "Tati".
“Rodrigo intentó hacerle ver (a los fiscales) las maniobras de Bugliotti, a través de otra persona muy cercana a él, para hacer caer a CBI”, explicó el defensor, quien se preguntó al respecto "¿Es raro que una persona muy allegada a Bugliotti que a lo largo de un año venía cambiando cheques de Osecac (obra social del gremio de Comercio) de pronto deje de hacerlo, ¿no?”.
Palacio Laje dijo, además, que le parece “extraño” el impacto del escándalo por la financiera: “tiene más repercusión que los fraudes del Banco Social”, graficó.
Abogados van por el patrimonio de los socios de CBI
Los letrados que trabajaron en la presentación no quisieron dar detalles aunque aseguraron que se trata de una “pieza de ingeniería jurídica”.
No obstante, InfoNegocios pudo establecer que el escrito pondrá el foco “en todas las relaciones emergentes de los contratos firmados entre CBI y sus usuarios” para avanzar sobre el patrimonio de los socios de la financiera.
Será la primera que se hará ante el fuero Civil y Comercial y se mantendrá bajo la órbita provincial ya que no se centrará en el delito de estafa, intermediación financiera clandestina, evasión tributaria o lavado de dinero.
Este medio pudo confirmar que la demanda inicialmente será por un único damnificado, tendrá 27 páginas y será por $750.000.
Al 10 de mayo de 2012 la sociedad se conformaba de la siguiente manera: el presidente de la sociedad donde habría funcionado una mesa de dinero era Jorge Enrique Suau, el vicepresidente, Eduardo Daniel Rodrigo y el director suplente Oscar Altamirano.
Aclaración de Euromayor
A través de un comunicado, la desarrollista Euromayor reconoció que se le requirió información de sus cuentas pero aclaró que no se solicitó el bloqueo de las mismas, tal como señalaron algunos medios periodísticos.
"Es importante destacar que este tipo de requerimientos son habituales en una empresa de la dimensión de Euromayor, que es pública, por cotizar sus acciones en el Mercado de Buenos Aires y está sujeta al control de la Comisión Nacional de Valores. Señalamos, asimismo, que en el caso particular de nuestra empresa, no se ha solicitado de ningún modo el bloqueo de las cuentas, las cuales funcionan normalmente en el mercado”, explico la empresa en la nota de prensa.
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