En Argentina hay que aclarar hasta lo obvio: “La minería de criptomonedas no es un delito” (dice la ONG Bitcoin Argentina)

La organización sin fines de lucro, que desde el año 2013 trabaja en la promoción y difusión de las tecnologías descentralizadas, emitió un comunicado ante los últimos operativos de la AFIP sobre los equipos utilizados en granjas de minería. De más está aclarar que la Comisión Nacional de Valores garantiza todas las actividades lícitas.

 

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La ONG Bitcoin Argentina remarcó hoy que “la minería de criptomonedas no es un delito tipificado por el Código penal” y que, por ende, “no es una actividad clandestina o ilegal”. A través de un comunicado de prensa, la organización sin fines de lucro buscó “llevar tranquilidad a los usuarios” ante los operativos de la Administración  Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que se llevaron a cabo en las últimas semanas.

“La minería de criptomonedas no es un delito tipificado por el Código penal, por lo cual no es una actividad que en sí misma pueda ser considerada como clandestina o ilegal. En las últimas semanas se dieron a conocer distintos operativos por parte de la AFIP sobre granjas de minería que se debieron a irregularidades que presentaban los equipos informáticos. En ninguno de estos casos la intervención de la agencia estatal se debió a una cuestión de legalidad de la actividad de minería, como fue interpretado desde diversos sectores, sino por una supuesta  falta de documentación respaldatoria vinculada a la importación de los rigs”, explicaron desde Bitcoin Argentina.    

“Queremos llevar tranquilidad a todos los usuarios que minan criptomonedas ante la confusión y el miedo que generaron estas lecturas erróneas sobre los operativos. Siempre y cuando no se incumpla una normativa de otra índole, como sucedió en estos casos, la minería puede ser realizada, tanto de forma casera como comercial”, agregaron.

Por último, desde ONG Bitcoin Argentina aseguraron que uno de sus objetivos es “promover la seguridad jurídica del ecosistema cripto” y solicitaron “al Poder Ejecutivo y Legislativo a nivel nacional dictar las normativas necesarias para promover y regular una actividad que posee un potencial enorme para el desarrollo económico del país”.

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