Las cosas como son: cuando se jubila, un juez nos cuesta al mes como 9 “planeros” juntos (y ni hablar de un diplomático)

Si sos de los que se quejan de los planes sociales para las personas pobres, Idesa nos acerca una comparación -odiosa, como todas- que vale la pena incorporar a nuestro razonamiento cotidiano.

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Según datos oficiales, observa Idesa

  • Un juez jubilado tiene un haber promedio de $ 289.00 de los cuales $ 187.000 se financian con aportes salariales de los activos y $ 102.000 con subsidio del Estado
  • Un funcionario de Cancillería tiene un haber promedio de $ 396.000 de los cuales $ 215.000 se financia con aportes de los activos y $ 181.000 con subsidio del Estado.
  • Un hogar pobre conformado por una mujer y dos hijos recibe $ 11.000 del Estado que se integran por $ 5.000 en concepto de AUH y $ 6.000 de tarjeta alimentaria.

Estos datos muestran que entre un tercio y la mitad de los haberes que cobran los magistrados y funcionarios de cancillería jubilados se financian con subsidios del Estado. Es decir, el mayor aporte de los activos no alcanza para cubrir el costo que genera jubilarse antes y con haberes muchos más altos que el régimen general. No es la única ni la más grande erogación regresiva que tiene el Estado, pero resulta de las más irritativas.

Los jubilados jueces y funcionarios de cancillerías reciben todos los meses subsidios del Estado por aproximadamente más de 10 veces lo que recibe un hogar pobre.

La siguiente pregunta es si el proyecto (de reducción de las jubilaciones de privilegio) logra corregir esta inequidad. Tal como fue aprobado en la Cámara de Diputados se hacen avances. Por ejemplo, se reduce el universo de empleados públicos cubiertos por el régimen especial, se toma el promedio de salario de los  últimos 10 años en lugar del último sueldo para el cálculo del haber inicial, se incrementa la edad de retiro de los varones y se aumentan los aportes personales. 

De todas formas, esto no alcanza para eliminar el subsidio del Estado. Fundamentalmente porque se mantiene la regla de que el haber se calcula a razón del 82% del salario de referencia, un porcentaje mucho más alto que en el régimen general.

La reforma –tal como la aprobaron los diputados– es un progreso, pero también una oportunidad perdida. El tratamiento de esta ley era la instancia propicia para sentar el precedente de que, si algún sector aspira a tener un tratamiento especial (ya sea jubilarse antes o tener mayores haberes), los mayores costos tienen que ser cubiertos explícitamente con mayores aportes administrados a través de una caja complementaria y no con subsidios encubiertos, como ocurre en la actualidad. Este cambio en la manera de financiar los regímenes especiales habría ayudado al ordenamiento general del sistema previsional, y apuntado a un esquema más justo, transparente y solidario.

También representa una oportunidad perdida el rechazo de los diputados a la unificación de las edades de retiro en 65 años para varones y mujeres. Que se obligue al Estado a subsidiar el retiro temprano de un reducido grupo de mujeres que tuvieron la oportunidad de acceder a muy buenos empleos con altos salarios, resulta injusto de cara a la enorme masa de mujeres relegadas a la inactividad laboral y/o trabajos informales.

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