El gobierno nacional acaba de trazar una línea divisoria en su relación con el campo. El incremento de las retenciones a las exportaciones de sus productos marcará la agenda entre el Ministerio de Agroindustria y la mesa de enlace que agrupa a las principales entidades del sector. El debate promete ser tenso y no se descarta la aparición de protestas o piquetes espontáneos.
La medida no era un secreto. Entre las pocas definiciones económicas que Alberto Fernández había dejado filtrar a lo largo de su campaña electoral esta figuraba entre las más conocidas. Pero nadie esperaba que se estableciera sin ninguna reunión o consulta previa. El recurso a un decretazo unilateral, aunque perfectamente legal, cayó mal entre sus destinatarios. Este fastidio fue evidente durante todo el fin de semana.
Como a toda acción sucede una reacción, es lógico suponer que los productores agropecuarios harán conocer su disconformidad ante esta nueva imposición. Hace ya mucho tiempo de que el campo argentino financia las ineficiencias y distorsiones de otras áreas de la economía. Además, y tal como quedó comprobado durante la presidencia de Mauricio Macri, el sector demostró que, ante la reducción de la carga impositiva, fue capaz de incrementar notoriamente sus exportaciones. Baste recordar que, por ejemplo, en la campaña anterior se alcanzaron los 150 millones de toneladas o que, en apenas cuatro años, la Argentina recuperó su condición de principal proveedor mundial de carnes para comprender el dinamismo de este complejo exportador. Ningún otro es capaz de empardar su performance.
Sin embargo, lejos de premiarlo por estos aportes a la economía, la Casa Rosada prefiere regresar al expediente de incrementar las retenciones. Estas son fáciles de recaudar, se monetizan instantáneamente e impactan en el interior del país, lejos de la ira fácil del conurbano bonaerense o de los ideologizados movimientos políticos de la Capital Federal. Claro que, al menos esta vez, se cuidaron las formas. Tanto el presidente como su entorno afirman que “son las mismas que había puesto Macri”, como restando animadversión a una decisión que se asume como desagradable. El argumento es racional, aunque tortuoso: se reemplazaron los valores fijos de los derechos de exportación (los cuatro pesos por dólar) por un porcentaje también establecido por la administración anterior y que se había suspendido.
Estas razones, no obstante, no parecen ser comprendidas por los productores. Para ellos es un aumento sensible, especialmente en un año que, por razones climáticas, pinta como más complicado que el anterior. Además, y tal como pudo advertirse en la distribución del voto en las últimas presidenciales, la mecha es más corta que en otras ocasiones. Hay cada vez más gente, especialmente en las regiones productivas, dispuesta a poner límites a los abusos, reales o percibidos, del gobierno K. Si aparece otro Alfredo de Angeli en el actual contexto los ánimos bien podrían volver a caldearse, tal como sucedió en las épocas de la Resolución 125.
Un conflicto que vuelva a enseñorearse sobre rutas y caminos de la pampa húmeda es, todavía, una hipótesis, pero no lo es la certeza de que la tensión entre campo y gobierno aflorará sin eufemismos durante la semana que amanece. Y, a modo de una piedra que cae en un estanque, sus ondas concéntricas impactarán en todas las dimensiones, especialmente en la de los gobiernos provinciales. De entre ellas, la administración de Juan Schiaretti es la que mayor atención concita.
El gobernador tiene una posición clara al respecto. Lo dijo hace poco: “el campo es la economía regional cordobesa y por eso (…) es necesario defenderla. Cuidar el campo es cuidar nuestra economía regional”. Y no es que no comprenda, precisamente, las razones del presidente para repotenciar esta gabela, sino porque sus votantes se oponen a este tipo de decisiones como una forma de resistencia al kirchnerismo, amén de la protección de sus bolsillos. Demostrar solidaridad con Fernández en este punto sería políticamente suicida, amén de que todavía falta clarificar entre ambos que tipo de relación mantendrá la Nación con la provincia en los meses por venir, lo que no es un asunto menor.
En las oficinas presidenciales la situación de Schiaretti es harto conocida y, más allá de la opinión que se tenga del cordobés, nadie quiere tensar la cuerda con él. Esa es la razón por la que, tal como informa Alfil, hayan existido en las últimas horas pedidos de neutralidad desde la Capital Federal frente al tema. Es un cambio en los modales políticos que, seguramente, dentro del Centro Cívico se valora. Ciertamente es un avance respecto de los atropellos vividos en épocas de Cristina Fernández.
No obstante los modales, por civilizados que sean, no resuelven el fondo del problema, esto es, que los productores rurales deberán poner otra vez la plata que imperiosamente necesita el Estado nacional y que muchos de ellos viven y votan en el distrito más anti-kirchnerista del país. Si a esto se le agrega el hecho de que Córdoba es uno de los mayores exportadores mundiales de soja, el combo podría ser demasiado complejo como para que el gobernador pudiera hacerse el distraído y cumplir, de tal manera, con las solicitudes de ecuanimidad recibidas desde la Nación.
Para un ciudadano de a pie, Schiaretti no debería tener ningún dilema al momento de tomar una posición. Entre el campo o Fernández, el campo. Entre los K y el electorado propio, pues el electorado propio. Si ladra y mueve la cola es perro. Pero la realidad no es tan simple. Las arcas provinciales no están en condiciones de sostener una extensa guerra fría con la Nación y el ministro Osvaldo Giordano también necesita encarecer los tributos locales para mantener alguna sustentabilidad en las cuentas públicas. Todas las jurisdicciones están en problemas y Córdoba no es una excepción, a despecho de sus ínfulas de insularidad.
El asunto, por lo tanto, no es el qué sino el cómo. Si el debate por las retenciones se agrava, el Centro Cívico no podrá permanecer neutral, para enojo del presidente. Sin embargo, al menos en un primer momento, el gobernador podría pedir prudencia a los involucrados, a modo de un mediador interesado y sin intentar avivar los fuegos. Si Poncio Pilatos no es una opción en absoluto, la gran Samoré podría ser una salida razonable.
Claro que patear el tablero es también una posibilidad, una del tipo que le traerían fama instantánea, pero hay dificultades por todas partes y la común necesidad (que no sólo atañe a Córdoba) de que Fernández pueda consolidarse en su gestión, toda vez que quién podría reemplazarlo sería mucho peor. La política, como siempre, es un terreno de grises, aunque las opciones parezcan, como lo es la actual encrucijada, más transparentes que el agua.
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