El peronismo ha encarado los primeros compases de su gestión al frente del Palacio 6 de Julio con particular ímpetu, a tal grado que en lo que va del receso las novedades que en materia política se conocen llegan, casi privativamente, desde la Municipalidad.
La nueva gestión apuesta a lograr, en el corto plazo, una mejoría perceptible en los servicios que presta el municipio, a la vez que encara una permanente negociación con el sindicato, que resiste muchas de éstas iniciativas.
Un ejemplo es la desconcentración operativa propuesta como primer paso en la profundización de la descentralización que el peronismo quiere perfeccionar, y que implica desmembrar las Áreas Operativas para reubicarlas en los CPC, ofreciendo una respuesta más inmediata a las necesidades de los vecinos y, colateralmente, descoordinando a las reparticiones más beligerantes del gremio.
Pero no es el único. Otra de las iniciativas que promete chocar contra los intereses del sindicato es la digitalización de todos los expedientes papel que atestan las oficinas del Palacio 6 de Julio.
La administración encarnada por Martín Llaryora buscará integrar al municipio a la plataforma “Ciudadano Digital”, desarrollada por la Provincia como sistema de gestión de turnos y trámites on-line, para que los vecinos de la ciudad también puedan administrar, mediante la misma plataforma, trámites y turnos a realizarse en reparticiones del municipio.
Y conjuntamente con esto buscará replicar en el municipio una plataforma similar al Suac (Sistema Único de Atención al Ciudadano), que años atrás implementó el Estado provincial, y que conlleva la necesidad de digitalizar todos los expedientes papel.
El objetivo principal de este cambio sería, de nuevo, mejorar el servicio que la Municipalidad presta a los vecinos cuando deben acudir a alguna repartición municipal para resolver trámites de distinta naturaleza agilizando su desarrollo. Pero más allá de este fin, desterrar los expedientes papel del Palacio Municipal ofrece otras ventajas al Ejecutivo.
Por un lado, agiliza el movimiento del trámite ofreciendo a los funcionarios la posibilidad de “rastrear” el expediente rápidamente. Pero también implica licuar, en buena medida, la capacidad de presión del sindicato, ya que si un expediente sólo cuenta con el respaldo físico del papel demorar las gestiones que éste se propone conseguir resulta muy sencillo. Basta que el expediente “se traspapele” en cualquier escritorio para cajonearlo durante semanas, meses o más.
Con un respaldo digital, por el contrario, el funcionario puede seguir en tiempo real la evolución del expediente, y si hubo algún problema en el itinerario que este debía cumplir, puede saber al momento en donde quedó atascado, sin necesidad de incurrir en el riesgo de que “se pierda” o “se traspapele”, a la vez que su consulta también se vuelve mucho más sencilla para el particular que estuviere interesado, de uno u otro modo, en las gestiones que el expediente contuviera.
Las ventajas de la digitalización son incuestionables, y resulta extraño que hasta el momento ésta no se haya llevado a cabo. Tal vez la explicación deba buscarse en la resistencia del sindicato a que se le quite una “herramienta” de presión sobre el Ejecutivo a la hora de disputar espacios y ventajas. Y probablemente el éxito (o no) de la iniciativa dependa de la vehemencia con la que la nueva gestión se disponga a superar dicha resistencia.
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