Mientras siguen las presiones de la línea dura del kirchnerismo para estatizar la hidrovía, el Gobierno nacional extendió por 90 días la concesión de la autopista fluvial más importante de la región y no sólo de la Argentina. En ese plazo no estará terminada la licitación –todavía no están los pliegos- y no habrá nuevo operador.
La semana pasada el senador kirchnerista José Mayans se reunió hace unos días con el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para pedirle que deje sin efecto los planes del fallecido ministro Mario Meoni de prorrogar la concesión mientras se lleve adelante el proceso para el llamado a una nueva licitación.
A criterio de Mayans, el Estado debe controlar la hidrovía y recaudar y usar esos fondos para mejorarla. El canal, coinciden todos los que lo usan, funciona muy bien. Se puede mejorar, pero es eficiente. Por año circulan unos 6000 barcos transportando mercaderías, cada uno de ellos pagando un peaje que ronda los tres dólares por cada tonelada de carga, con una recaudación estimada en los US$ 200 millones. La hidrovía enruta más del 80% de los granos y sus derivados y la totalidad de los autos que se producen en el país.
Por ahora, el Frente de Todos en el Senado avanzó sólo con la idea de crear una comisión bicameral parlamentaria de control de la hidrovía; el proyecto tiene dictamen unánime hace dos semanas en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y está listo para su debate en la próxima sesión.
El pedido del gobernador Juan Schiaretti de que Córdoba participe en el Consejo Federal creado el año pasado quedó sin respuesta; ni siquiera se reunió el lunes ese cuerpo. Se suspendió el encuentro por la muerte de Meoni. La autopista fluvial es clave para la salida de las exportaciones cordobesas. El pedido del gobernador es también una respuesta a lo que sostienen los empresarios.
Hace unas semanas, el Foro Empresario de la Región Centro planteó que para establecer políticas adecuadas para el desarrollo de la hidrovía Paraná-Paraguay es “necesario” que se integren al Consejo Federal “todos los actores, para brindar una visión integral”.
“Consideramos que no se puede concebir a la hidrovía de manera aislada, debe interpretarse como parte de un entramado logístico virtuoso que impacta de manera categórica en el desarrollo productivo de la región, por lo tanto se deben establecer políticas adecuadas en materia de proyectos para su desarrollo”, dijo.
PRÓRROGA
El ministro de Obras Públicas Gabriel Katopodis, en forma transitoria a cargo de la firma y atención del despacho del Ministerio de Transporte, firmó la resolución 129/2021 que extiende por 90 días el contrato de concesión a Hidrovía SA. La información la adelantó Través News. Sin modificaciones en las tarifas ni exigencias de obra de ningún tipo, el Gobierno sólo comunica al concesionario con carácter mandatorio la “continuidad” de forma precaria por tres meses.
“Instrúyese al actual concesionario la continuidad del Contrato de Concesión de obra pública por peaje para la modernización, ampliación, operación, y mantenimiento del sistema de señalización y tareas de dragado y redragado y mantenimiento de la Vía Navegable Troncal, aprobado por el Decreto Nº 253/95 con sus actos modificatorios y complementarios, desde la terminación del plazo contractual y por el término de 90 días”, destaca la resolución.
La “prestación se efectuará con carácter precario y podrá ser revocada” en cualquier momento sin generar derechos ni reconocimiento alguno para el concesionario en caso de “revocación anticipada del plazo previsto”.
“Durante el plazo que se extienda esta situación –agrega el artículo 2°– el operador deberá prestar el servicio y demás obligaciones de conformidad con los términos constitutivos del Contrato de Concesión, aprobado por el Decreto Nº 253/95 y el acta acuerdo de renegociación, aprobada por el decreto nº 113/10, incluyendo el mantenimiento de la vigencia de las garantías correspondientes y las tarifas vigentes”.
Señala, además, que el servicio deberá prestarse “en condiciones de regularidad, continuidad, igualdad y obligatoriedad, bajo el control y fiscalización de la Subsecretaría de Puertos, Vías Navegables y Marina Mercante”.
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