Las más importantes entidades rurales de Córdoba -casi al unísono- lanzaron sendos comunicados rechazando el aporte fijado por cada animal que va a faena.
La Sociedad Rural de Jesús María publicó una editorial donde se hace eco de la situación y expresaron “su profundo rechazo al reciente aumento en la contribución obligatoria por cada animal enviado a faena. Asimismo, solicita la derogación de la Ley 25.507 que da conformación al IPCVA (Instituto para la Promoción de la Carne Vacuna Argentina) y le habilita fijar los valores de este impuesto extractivo para la producción primaria de hacienda”.
Por su parte, la Sociedad Rural de Río Cuarto también emitió un comunicado en nombre de sus representados donde también manifestaron su “más contundente rechazo a la medida la cual establece una contribución de $ 834 por cabeza que va a matadero" y recordó que "en el 2023 el resultado cerró con un total de 14,5 millones de cabezas enviadas a faena según datos oficiales del Senasa, lo que arrojaría una cifra de aportes superior a los 12 millones de dólares para el organismo y de resignación por parte de los ganaderos”.
Los ruralistas de Jesús María también aportaron un dato no menos cierto “desde la promulgación de la mencionada Ley en el año 2001, fuimos testigos de un continuo fracaso en sus objetivos principales, que eran mejorar la competitividad de las empresas ganaderas, fomentar el consumo interno y promover la exportación de carne vacuna. Nada de ello sucedió en beneficio del conjunto”.
“En lugar de estimular el desarrollo sostenible del sector ganadero, este impuesto se suma a la larga lista de la excesiva carga que sufren todos los argentinos en cada ámbito en el cual se desenvuelven”
“El aumento que implica esta contribución obligatoria sólo agrega un costo adicional para los productores, afectando negativamente la rentabilidad, la viabilidad de sus explotaciones y, como último, castiga la mesa de todos los argentinos”.
“En este sentido, instamos a las autoridades institucionales y legislativas a trabajar en la extinción de esta medida y, en conjunto con el sector agropecuario, encontrar soluciones que impulsen realmente el crecimiento y la eficiencia productiva; en lugar de hacer con ello un circo mediático con gastos innecesarios y beneficios sólo para un sector minoritario de nuestra actividad”, cierra la editorial de la SRJM.
En ese sentido Río IV argumentó: “En un contexto de extrema dificultad, saliendo de un proceso de larga sequía y con costos que no paran de subir, la revisión de las cuentas se hace inevitable. Y entonces, cada gasto debe justificar plenamente su funcionalidad y utilidad en el negocio para sostenerse. ¿Es necesario que cada ganadero resigne $834 por cada animal que tiene destino de faena? ¿Para qué? ¿Qué recibe a cambio?”
“En la intención de responder esas preguntas es que requerimos por parte del IPCVA, antes de reclamar un aumento de la contribución obligatoria, una explicación acabada de los motivos, el uso detallado que se hace de esa importante recaudación y por último, cómo retorna a los miles de aportantes de todo el país”.
“Es sabido que una parte de los fondos termina financiando a las entidades gremiales de orden nacional. Pero en ese caso: ¿por qué sólo los ganaderos deben sostener la estructura gremial mediante este costoso aporte?”
“El contexto obliga a revisar muchas cosas que estaban dadas desde hace mucho tiempo, y no sólo en la política. Los ganaderos no pueden seguir resignando recursos injustificadamente y menos tolerar aumentos unilaterales sin tener en claro cuál es su verdadero destino, en qué se gasta. Es hora de explicar y justificar, antes que de pedir más plata que no hay”, sentenciaron desde el sur de Córdoba.
Tu opinión enriquece este artículo: