Uno de cada 10 pesos que gastó el Estado nacional hasta el 31 de mayo (sin contar los intereses de la deuda pública) fue a subsidiar las tarifas de energía y transporte, que están más bajas en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense que en el resto del país.
Es uno de los puntos que señaló la Comisión de Energía de la Fundación Alem, un think tank de la Unión Cívica Radical (UCR) que, de cara a las elecciones legislativas de noviembre, presentó una lista de propuestas para trabajar dentro de la oposición.
Según los números de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP) recopilados por el consultor y docente Alejandro Einstoss, los subsidios corrientes acumulados a mayo fueron de $ 306.745 millones, con un crecimiento interanual de 94% nominal.
Representaron un 10% del gasto público primario hasta el quinto mes del año, mientras que el año pasado esa cifra alcanzaba al 7%.
De la misma forma, los subsidios devengados hasta el 31 de mayo equivalían a un 0,83% del Producto Bruto Interno (PBI), monto similar al déficit financiero de la administración nacional.
Los consultores privados estiman que este año los subsidios treparán por encima de u$s 9000 millones. Para Equilibra, podrían llegar al 3% del PBI, cerca del récord de 3,9% de 2014.
Se destinaron principalmente al sector energético ($ 231.629 millones, 101% más que en los primeros cinco meses de 2020), al transporte ($ 61.139 millones, +73%) y a empresas públicas ($ 13.978 millones, +84%).
El 65% de los subsidios a la energía se concentraron en la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa).
Fueron $ 95.500 millones, 79% más que entre enero y mayo del año pasado, los que destinó el Tesoro para mantener congelado el precio estacional de la energía -que las distribuidoras pagan a Cammesa-, pero también para cubrir la diferencia entre lo que no pagan las distribuidoras y tienen que recibir las generadoras.
La Resolución 46/2017 -que incentiva una parte de la producción no convencional de gas- demandó $ 30.070,6 millones; Integración Energética Argentina (IEASA) -compras de gas importado-, $19.155 millones; el Fondo Fiduciario destinado al subsidio de consumo residencial de GLP (gas por garrafas) y la expansión de la red de gas $ 5431,7 millones; mientras que Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) requirió $2237 millones para su funcionamiento.
Con este cuadro, los técnicos del radicalismo plantearon: "Los subsidios energéticos -con valores anuales en crecimiento exponencial- son el factor para controlar y racionalizar a fin de cumplir estrictamente con el objetivo social de posibilitar el acceso a la energía a los excluidos".
"La actual política tarifaria y de precios de la energía repite la receta aplicada en el periodo 2003-2015, que implica un congelamiento permanente en un entorno de alta inflación, la ruptura de los marcos regulatorios vigentes y la intervención injustificada de los entes reguladores", remarcaron en uno de los partidos integrantes de Juntos.
"Las consecuencias de esta política son conocidas: un aumento exponencial en la cuenta de subsidios económicos destinados a cubrir la brecha entre el costo de prestar los servicios energéticos y las tarifas actualmente congeladas, lo que representa un ineficiente subsidio generalizado orientado a la oferta que altera y distorsiona decisiones de consumo e inversión en el sector", subrayaron.
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