Qué es la “expropiación inversa” y por qué De Loredo cree que le pagaremos fortunas a Tati

Tati pidió demoler el Orfeo, Llaryora le hizo una finta y mandó el tema al Concejo Deliberante donde ahora el oficialismo impulsa declarar el predio “de interés municipal”. De Loredo alerta: Dinosaurio demandará a la Ciudad y le pagaremos una fortuna (en otra administración, claro).

El concejal Rodrigo de Loredo adelantó que votará en contra de la declaración de interés municipal del predio del Orfeo y explica:  “Ahora Dinosaurio tendrá todos los elementos para demandar al municipio para ser indemnizado económicamente, lo que se conoce judicialmente como expropiación inversa, con grandes posibilidades de éxito y que terminaremos pagando todos los cordobeses”.

Para el excandidato a intendente, no existe real intención de demoler el estadio, sino que se trataba de un juego de intereses en búsqueda de conseguir compensaciones económicas por parte de Bugliotti.

Para el edil, la declaración de interés municipal del inmueble implica que sus propietarios tendrán restricciones para disponer de su uso y destino, por lo cual el municipio determinará beneficios, exenciones o estímulos para compensarlo. “La estrategia del oficialismo es no otorgar ahora un gran resarcimiento, sino algunos beneficios y patear el problema a otra gestión. La vía judicial será el camino para que los propietarios reclamen una compensación justa y esto terminará en un par de años con el Estado pagando millones a sus dueños”, razona.

Respecto del valor real del Orfeo y su predio las hipótesis son disimiles. Desde el lado de sus propietarios lo estiman en US$ 25 millones, pero cálculos más realistas de otros desarrollistas lo ubican en torno a los US$ 13 millones. Su valuación será motivo de disputa legal, pero haciendo una proyección sobre las estimaciones más moderadas implicaría para el municipio un costo de casi $ 1.100 millones de pesos.

El concejal recordó el caso del Palacio Ferreyra que fue expropiado por la provincia en 2005 para convertirlo en Museo y en dicha oportunidad el Estado pagó $ 9,3 millones. Sin embargo, los propietarios iniciaron una demanda contra la provincia que finalizó 11 años después, fallo del TSJ mediante, con un acuerdo entre las partes en el que la provincia abonó casi $ 127 millones.

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