La apuesta del gobierno de Alberto Fernández con el programa “Municipios de pie” es clara: bajar recursos a los intendentes del país sin la intervención ni mediación de los gobernadores.
El argumento formal es federalizar el vínculo entre la Nación y los 1300 gobiernos locales que componen el mapa argentino “para pulsar la economía, la integración regional y la inclusión social en todo el territorio nacional”.
Aunque en verdad también subyace un propósito mucho más político como es capitalizar la relación de manera directa con quienes tienen el poder territorial, un activo siempre vigente a la hora de pensar cualquier ingeniería político electoral.
Un paso en esa dirección dio el presidente esta semana al consolidar el plan armado por el ministro del Interior, Wado De Pedro, que contempla fondos directos a los municipios por más de mil millones de pesos, en momentos donde la crisis azota con crudeza a los intendentes y jefes comunales.
Esa buena noticia para los 160 municipios beneficiados inicialmente y que el lunes participaron de la videoconferencia encabezada por el propio jefe de Estado, fue recibida con cierto recelo en el Centro Cívico provocando -por lo menos- incomodidad.
Es que si de algo se jacta el gobernador Juan Schiaretti es del manejo “federal” de su gobierno que trata a todos los municipios por igual, y de mantener buen diálogo incluso con los que no son propios.
Esa relación se materializa en el espacio de conversación institucional creado por la Provincia como es la Mesa Provincia-Municipios, donde participan los bloques políticos que representan a los 427 alcaldes de Córdoba. Incluso, algunos de ellos como el vecinalismo o la Comupro supieron moverse en ocasiones como aliados a Hacemos por Córdoba.
Sin embargo, a rigor de verdad, el tema de los intendentes en Córdoba es terreno de disputa política con el Frente de Todos desde antes del programa nacional Municipios de Pie. Desde que el albertismo debutó en el poder central con actores cordobeses en lugares claves, el schiarettismo observa muy de cerca cada movimiento que dan los jefes de los gobiernos locales.
Vale recordar que desde el 10 de diciembre y hasta que arrancó la cuarentena, el desfile de delegaciones de hombres y mujeres del interior provincial por los distintos despachos nacionales, fue incesante.
El senador Carlos Caserio, la diputada Gabriela Estévez, el secretario de Obras Públicas Martín Gill, y su par de Transporte nacional, Walter Saieg, fueron algunos de los articuladores de esas visitas que luego, en tiempos de pandemia, se trasladaron al escenario virtual y se concretan a través de Zoom. Desde esos espacios se destraban peticiones y pedidos ya realizados y se gestionan obras locales.
El propio presidente recibió en febrero pasado a un contingente de peronistas cordobeses mientras que con anterioridad había hecho lo mismo con alcaldes de otros signos políticos, como radicales y macristas.
En este último plan nacional, 23 municipalidades de la provincia se vieron beneficiadas y algunos de esos intendentes tuvieron posibilidad de dialogar de manera remota con el presidente, como fue el caso del riotercerense Marcos Ferrer quien además aprovechó la oportunidad para invitar al líder del Frente de Todos a visitar su ciudad y avanzar en la resolución del caso de las explosiones de Río Tercero.
De esa veintena de municipios seleccionados de acuerdo a una previa construcción del Índice Federal de Inequidad Territorial, diez gestiones son radicales, ocho peronistas y cinco vecinalistas.
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