La decisión del gobierno de Alberto Fernández de transferir a los municipios y comunas de todo el país el poder para controlar los precios de los productos en medio de la pandemia, no fue celebrado por los intendentes cordobeses.
Todo lo contrario. En el interior de la provincia mediterránea, la noticia generó inquietud, malestar y quejas entre quienes rechazan, por distintas razones, cargar también la responsabilidad de tener que fiscalizar la lista de 2.000 productos con tope, en medio una crisis sanitaria y económica excepcional.
La medida fue anunciada el fin de semana por el mandatario nacional tras asegurar que el incumplimiento de los precios máximos se da, fundamentalmente, en los negocios de cercanía y no en las grandes superficies comerciales.
En entrevistas periodísticas, Fernández dijo que el Estado nacional no puede llegar a los comercios del barrio porque le es muy difícil detectarlos. De allí, la iniciativa de sacar un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para modificar la Ley de Defensa de la Competencia y poder declarar a los municipios como autoridad de aplicación.
La realidad es que el Jefe de Estado lo hace pensando concretamente en los intendentes del conurbano bonaerense, que le reclamaron un mayor empoderamiento frente al tema de los precios, y a quienes Fernández necesita para surfear la crisis. Se trata del conglomerado donde viven casi 10 millones de personas.
Con esta nueva disposición, serán entonces los equipos municipales los encargados de supervisar el cumplimiento de los precios fijados, atender las denuncias por los excesos detectados, sancionar y hasta clausurar los locales.
La reacción
Apenas se conoció la intención del presidente, en Córdoba explotó el chat de WhatsApp que integran funcionarios provinciales e intendentes de todos los bloques políticos que son parte de la Mesa Provincia-Municipios que, por obvias razones, suspendió sus reuniones mensuales.
Allí, los mensajes daban cuenta de las dificultades que tendrán las autoridades municipales para cumplir acabadamente con el nuevo rol asignado por la Nación, más allá de tener buena voluntad y predisposición para hacerlo.
De hecho, frente a los reclamos de los vecinos, durante los últimos días algunos intendentes locales, por motus propio, realizaron operativos de supervisión de precios máximos en sus localidades.
Pero la situación no es la misma para todos. Varía ampliamente entre aquellas municipalidades más grandes que tienen los recursos necesarios para salir a controlar cada uno de sus negocios y afectar personal específicamente a ello; y los municipios más chicos, que apenas llegan a cubrir lo básico para hacerle frente al problema sanitario y de seguridad frente al coronavirus.
La realidad es que, por estas horas, entre los 426 municipios del interior cordobés hay una sola y gran preocupación, excluyente y común a todos: cómo afrontar económicamente el mes de abril. Con la recaudación en baja y la profundización de la crisis, los municipios anticipan serias dificultades para pagar sueldos y cumplir con sus obligaciones mínimas.
En ese contexto, tener que destinar nuevos recursos par el control de góndolas resulta una misión de difícil cumplimiento para la gran mayoría en Córdoba. “Nos pasan la responsabilidad, pero no los recursos”, se sinceró un intendente en el chat interno frente a sus pares y a las autoridades del Ministerio de Gobierno de Córdoba.
Allí se expusieron también distintas estrategias para cumplir, aunque sea de manera parcial con la nueva responsabilidad. Entre ellas, por ejemplo, reducir el listado total de productos a uno que contenga los de primerísima necesidad, o asignar un número de teléfono municipal específico para que los vecinos denuncien irregularidades.
También se escucharon objeciones por la implicancia de tener que sacar más gente a la calle cuando en realidad los intendentes batallan a diario para achicar el nivel de circulación de sus vecinos.
Lo cierto es que más allá de las buenas intenciones que puedan tener los jefes comunales cordobeses, reconocen limitaciones para actuar, por ejemplo, en el control de precios sobre la carne, la fruta y la verdura porque no están en el listado.
Hasta aquí, el poder de policía se reducía a controlar sólo las condiciones de higiene y salubridad en las superficies comerciales. Y si bien ahora los intendentes podrán clausurar un negocio en el que haya detectado sobreprecios, la realidad es que en medio de un proceso de cuarentena y frente a las dificultades económicas, difícilmente eso se lleve a cabo en los pueblos más chicos.
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