El operativo “tijera” continúa en la Municipalidad de Córdoba por imperativo de la emergencia económica y la constatación que exhibe a El Panal con una escasa capacidad de asistencia al Palacio 6 de Julio. A las limitaciones financieras se suman las políticas, como quedó demostrado en la pelea que montó Martín Llaryora contra la Nación por más subsidios para el transporte urbano de pasajeros. Justo, cuando el gobernador Juan Schiaretti se encuentra de luna de miel con el presidente Alberto Fernández.
El cambio radical que marcó el tiempo de campaña electoral -donde la sinergia histórica entre Provincia y municipio prometía grandes cambios para la ciudad- y el de la pandemia, obligó al sanfrancisqueño a tomar decisiones que sus antecesores evitaron. El ejemplo más emblemático lo representa la reducción de la jornada laboral de los empleados municipales en una hora y su correspondiente quita salarial, en el orden del 14,28 %. El Suoem dice que es más porque impacta en todos los ítems del sueldo básico.
Probablemente, ninguna medida de las que se puedan tomar emparde la iniciativa que se aprobó en el Concejo Deliberante y que empujó al sindicato municipal a mostrar escasas herramientas para “hacer tronar el escarmiento”, frase que los más memoriosos podrán atribuir al exsecretario general de los estatales capitalinos, Rubén Daniele, en sus acaloradas asambleas.
Lo cierto es que ya se empieza a perfilar un paquete de recortes “hormiga” que impulsa la secretaria general, Verónica Bruera, que podrían marcar una diferencia hacia el final del recorrido. Las quitas de prolongaciones de jornada y reparto a conciencia de las horas extra, el régimen de jubilaciones anticipadas, el cambio no remunerativo de la última cuota del aumento salarial pautado en 2019, el levantamiento de la paritaria 2020 o el congelamiento de los salarios de la planta política (temporalmente, claro) son algunas de las medidas aplicadas en el último trimestre en materia de control de gasto.
Con fecha del 4 de junio se suma una nueva acción que pretende bloquear la posibilidad de ocupar vacantes disponibles en los cargos de conducción; en la jerga, conocidos como mandos medios. En otras palabras, se suprimen cargos presupuestados que no estaban siendo ocupados y que figuraban en las estructuras orgánicas de cada una de las áreas del municipio. En la práctica, esto evita las designaciones de jefes y supervisores.
Bruera inhabilita así a los secretarios la posibilidad de autorizar ingresos en esos niveles de especialización media que contempla el Estatuto de Personal Municipal.
La justificación formal se encuentra en la crisis económica mencionada y en la necesidad del Ejecutivo de apelar a sus facultades para reestructurar y renovar sus cuadros directivos por razones de oportunidad, mérito y conveniencia; con el objetivo de perfeccionar su funcionamiento, optimizar sus recursos y generar el soporte adecuado a las políticas de Estado en las diversas áreas de actuación.
Sin embargo, no deja de ser una apuesta para contrarrestar la ofensiva opositora y sindical abierta por la utilización de los servidores urbanos y la designación de una cuadrilla de abogados militantes que cumplen el rol de inspectores municipales. Los primeros, cobran $10.000 y forman parte de un esquema de trabajo en convenio con cooperativas que data de 2007. Llaryora encontró la veta para sortear la resistencia al trabajo de los afiliados al Suoem, asumiendo el riesgo de crear un municipio paralelo. Los segundos, fueron designados por el titular del Tribunal Administrativo de Faltas con criterios de selección que escapan a lo que marca la Carta Orgánica.
Eficiencia y discrecionalidad, las dos caras en pugna en ambos ejemplos.
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