La comisión de Hacienda del Concejo Deliberante de la ciudad comenzará a discutir hoy la cuenta general del ejercicio y el balance del primer año de gestión del peronista Martín Llaryora. Los ediles pondrán la lupa sobre el movimiento de fondos de un 2020 marcado por la irrupción de la pandemia, la contracción de la economía a niveles desorbitantes por el largo confinamiento que exigió el Gobierno nacional y las autoridades locales avalaron, y la necesidad de la ampliación de la asistencia estatal en el plano sanitario, social y económico.
El desfasaje no es novedad. Recién el año pasado, a más de un año de asumir, el oficialismo y la oposición en el Tribunal de Cuentas se pusieron de acuerdo sobre la deuda total que dejó el radical Ramón Mestre, eje articulador de las justificaciones administrativas y políticas que tomó Llaryora desde el 10 de diciembre de 2019.
En términos generales, el último año de gobierno del expresidente de la UCR dejó un pasivo de $28 230 millones; con respecto al 2018, elevó un 76% el gasto en personal; mientras que las erogaciones en servicios públicos llegaron sólo al 32%.
Pese al atraso en la rendición de cuentas que penaliza la Carta Orgánica, ya se pueden trazar algunos contrastes entre el cierre del gobierno radical y el primero del primer equipo peronista (al 100%) que gobierna en democracia el Palacio 6 de Julio.
Los tribunos de cuentas por la minoría calificaron de “grave irregularidad” que el intendente haya demorado 180 días en remitir los expedientes, teniendo en cuenta que el plazo legal no puede superar los 90 días. Cabe recordar que los alfiles de Hacemos por Córdoba habían justificado la demora inicial remarcando el desorden administrativo heredado.
Sobre el estado de la deuda, advierten la imposibilidad de descomponer el número final porque no se exponen de manera separada el pasivo contraído por contratación de obra pública, construcciones, expropiaciones y gastos de publicidad. Como sea, advierten que los compromisos municipales aumentaron un 38,42%. Ascendió de la cifra que dejó Mestre a $37 577 millones. “Amparados en la pandemia, dejaron de observarse ordenanzas vinculadas a los procedimientos administrativos de rigor vinculados a las compras y contrataciones y así lograr llevarlas a cabo mediante contrataciones directas, esto más la toma excesiva de créditos, condujeron a este aumento que, en definitiva afecta el erario público municipal. Incrementar la deuda del municipio en este porcentaje resulta a todas luces irresponsable cuando esta supera el porcentaje de lpC para el 2020”, advierten en su dictamen Fernanda Leiva y Juan Testa.
En el rubro de las erogaciones de personal se observan los efectos positivos de las políticas de control de Llaryora que aprovechó un escenario inédito para podar los salarios los representados por el Suoem. Durante el último ejercicio de 2019, Mestre desembolsó con su paritaria indexada a la inflación más de $20 433 millones, mientras que el 2020 consumió en el rubro $21 352. Es decir, la reducción de la jornada laboral, el control de las bonificaciones y horas extra, las jubilaciones anticipadas, entre otras políticas, representó un incremento de tan sólo un 4,5%.
Aquí hay que remarcar que esta tendencia se comprobó en la mayoría de los poderes ejecutivos del país, aunque en el contexto local se resignifica por la historia marcada por un gremio estatal prácticamente cogobernante.
En bienes de consumo el aumento representa un 78,53% en el mismo período comparado; mientras que en Servicios la variación fue del 62.25%. El porcentaje escala en el ítem Transferencias para Erogaciones Corrientes y de Capital: el gasto en 2019 fue de $1 087 millones y, en el 2020, se requirieron $4 844 millones. En tanto, en Bienes de Capital, Llaryora incrementó en 600 puntos lo que usó Mestre en octavo año de gobierno.
Déficit económico
El equipo económico de Llaryora logró reducir en un año un 19,02% el déficit económico municipal. El resultado surge del estado de ingresos y gastos, que arrojó un Flujo Neto de Efectivo Anual Operativo deficitario de menos $13 146 millones. De todas formas, la oposición observó en su dictamen que en el año 2020 ingresó un 30,24% más que el ejercicio anterior y se gastó (pese a la reducción de sueldos) un 14% más que en 2019.
Pulseada política
Es muy probable que el debate en comisión por las bancadas opositoras busque explotar la advertencia de los tribunos de cuentas ante presuntas irregularidades que surgen de la falta de documentación en las ejecuciones presupuestarias. Advierten que la Secretaria de Gestión Ambiental abre el podio del gasto con el 23,81% y a continuación se ubica la Secretaria de Salud, con el 13,71%.
“En consecuencia, o Ambiente gastó lo que no debía gastar o, en su defecto, Salud obvió utilizar los recursos que disponía para el año 2020 en plena pandemia. Sí, el área más sensible para los cordobeses en plena pandemia solo ejecutó el 13,71%”, remarcan y abren el juego al advertir que cabe la figura de incumplimiento de los deberes de funcionario público al pretender excusar la falta de justificación del gasto en los inconvenientes del Sistema de Carga Municipal.
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