Esto es lo que surge del proyecto de Ley que el gobierno acaba de enviar a la Unicameral para su tratamiento. El texto solicita la autorización legislativa para renegociar vencimientos de más de 1.200 millones de dólares. Previamente, había contratado al Banco de Córdoba como agente financiero encargado de estos menesteres y a un consorcio de bancos para asesorar en el proceso, así como un bufete de abogados especialistas en Nueva York para vérselas con los acreedores. Cuando la Legislatura vote por la afirmativa (los votos no son un problema), el dispositivo estará listo para actuar.
Justo es decir que el contexto ayuda y que, también, impone el cambio de rumbo que Schiaretti se había impuesto. Honrar las deudas tomadas como si nada ocurriese es, hasta cierto punto, temerario, más allá del noble propósito de mostrarse como un deudor confiable.
El gran argumento, que inclusive el acreedor más recalcitrante no podría pasar por alto, es la crisis global desatada por la pandemia del Covid-19. No obstante que prácticamente ningún país del mundo ha quedado exento de la calamidad, la Argentina es, sin dudas, uno de los más golpeados. Antes del coronavirus su economía estaba en una situación crítica y, claramente, la prolongada cuarenta decretada por Alberto Fernández no ha hecho otra cosa que exacerbar la situación.
Para las provincias, y no sólo Córdoba, la parálisis ha tenido un correlato sobre la recaudación que, hacia comienzos de año, resultaba imposible de prever. La mayoría de los grandes distritos dependen, en gran medida, del impuesto a los ingresos brutos para apuntalar sus recursos propios. Dado que el aislamiento social, preventivo y obligatorio supuso, antes que nada, una brutal parálisis de la actividad económica, la base imponible de aquel tributo se desplomó a niveles jamás vistos, con los consiguientes efectos sobre las finanzas públicas.
Vale recordar que la Nación puede recurrir a la emisión monetaria para financiarse, una herramienta que las provincias no disponen. Las cuasimonedas son, por supuesto, posibles sucedáneos, pero ninguna de ellas quiere ser la primera en resucitarlas tras las traumáticas experiencias de 2001 y 2002, mucho menos la administración mediterránea.
El reperfilamiento, por consiguiente, se ha transformado en una necesidad prácticamente estructural. Sin embargo, y para llevarlo adelante, será preciso aguardar a que el ministro Martín Guzmán concluya con las negociaciones que viene llevando adelante con los diferentes tenedores de bonos soberanos. Intentarlo antes de que la Nación finalice con su propio proceso sería políticamente errático, amén de gravoso en términos económicos.
A este respecto, es interesante observar la evolución del proceso negociador que encabeza Guzmán. Antes del Covid-19, el presidente había puesto al tope de su gestión la renegociación de la deuda externa, al punto tal de negarse a desvelar su programa económico (si tal cosa efectivamente existiese) hasta tanto aquel problema no estuviera zanjado. Simultáneamente con la cuarentena, el ministro presentó una oferta a los bonistas que, en un principio, pareció condenada al naufragio. No obstante, en las últimas semanas, las perspectivas de un acuerdo mejoraron sustantivamente. Es posible que en los próximos días haya anuncios de un consenso en torno de las nuevas condiciones de la deuda soberana.
Si la Casa Rosada consigue refinanciarla, los temores de un default inminente se habrán disipado. Esto permitiría al presidente recuperar alguna iniciativa en un plano en el que, hasta ahora, sólo ha obrado reactivamente. Los gobernadores, por su parte, tomarían la noticia como el banderazo de largada a sus propias renegociaciones, avaladas por la experiencia nacional.
Esta es la bocanada de oxígeno que el Panal pretende apropiarse en el medio del ahogo que determina la coyuntura. Si el éxito de Guzmán efectivamente se verifica, Córdoba simplemente seguiría las líneas impuestas por la Nación, al igual que lo harán otras jurisdicciones. Ni el gobernador ni Osvaldo Giordano, su ministro de finanzas, podrían ser recriminados por intentar mejorar la situación de las cuentas públicas aprovechando las circunstancias. Es ahora o nunca; dejar pasar la ocasión sería de una ingenuidad infinita.
La oposición, probablemente, aproveche para batir el parche sobre los niveles de endeudamiento provincial pese a los esfuerzos que, se anuncian, intentarán las principales espadas del oficialismo para que sus legisladores también respalden la autorización solicitada. No obstante que políticamente lícito, será complejo sostener tales amonestaciones por mucho tiempo. Inclusive el gobierno más ordenado tendrá problemas para cumplir con sus compromisos, si no es que no los ha tenido ya. Es preciso aceptar que, en términos económicos, el coronavirus ha dado por tierra cualquier tipo de previsiones y que esto es homologable tanto a los mandatarios más pródigos como a los más conservadores.
Con el visto bueno para el reperfilamiento, Schiaretti tendrá otra herramienta para evitar que la crisis erosione su prestigio y el de su tercer mandato no consecutivo. Previamente había generado un mecanismo de compensación de deudas a través de un bono destinado a proveedores y un severo ajuste a las tradicionales inconsistencias de la Caja de Jubilaciones, para terminar, la semana pasada, en una flexibilización sui generis del confinamiento provincial. No puede negarse que su capacidad de adaptación está intacta y que no piensa sentarse a esperar que los acontecimientos decanten naturalmente, más allá de que la dimensión de lo que está sucediendo lo haya sumido, momentáneamente, en el desconcierto.
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