A menos de una semana de que el presidente Alberto Fernández dispusiera la cuarentena en todo el país, el gobierno de Juan Schiaretti ponía en marcha el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), en el Complejo Pablo Pizzurno.
El centro interdisciplinario se creó con el propósito de reunir toda la información referida al COVID-19 para luego planificar, organizar y coordinar las acciones para enfrentar la pandemia. Si bien siempre estuvo integrado por representantes de distintas áreas, nunca, ninguna decisión salió sin el visado previo del mandatario provincial, máximo responsable político del organismo.
Aunque en un comienzo Schiaretti delegó la comunicación pública de las medidas al COE y eligió el bajo perfil frente a la política sanitaria, la realidad es que el gobernador siempre concentró el manejo de la crisis.
Después de seis meses, el COE también pasó por distintas fases. Al comienzo y en coincidencia con la cuarentena estricta, el órgano funcionó de manera coordinada y sin fisuras con las distintas áreas del Gobierno y los 426 municipios del interior. Lo que los especialistas disponían, era acatado sin reproches.
Sin embargo, con el paso del tiempo, la excesiva prolongación del periodo de restricciones y el agravamiento de la situación epidemiológica, también impactaron en su funcionamiento.
Desde hace varios meses la presencia de la pata política en la mesa genera voces disonantes a las sugerencias que hacen los sanitaristas. De hecho, desde estas páginas venimos comentando que frente al cuadro de situación actual más de uno propuso volver a la fase más dura de la cuarentena para contener la propagación del virus y evitar el colapso sanitario. Sin embargo, en el Panal repiten que el clima social no aguantaría una medida extrema como esa.
El desgaste hacia adentro del COE se percibe desde afuera.
Naturalmente las relaciones entre los distintos miembros también sufren el impacto del agotamiento y,a los ojos de los vecinos, el órgano dejó de ser aquel que definía lo que se tenía que hacer.
Tanto, que desde el Centro Cívico decidieron repartir responsabilidades con los intendentes y delegarles la potestad de acatar o no lo que se les decía. El cambio de criterio de “disponer” a “recomendar”, en términos políticos,significó ahorrarse disputas públicas con los jefes comunales que en el último tiempo no repararon en quejarse contra el COE y sus dependencias regionales.
En general las recomendaciones que les llegan a los pueblos y ciudades con casos activos, son restrictivas, algo que muchos de los jefes de gobiernos locales dicen ya no poder acatar por la presión social que tienen en sus pueblos a partir de la crisis económica que agudizó la pandemia. No obstante, también es real que en varias localidades que no acataron los casos se dispararon y luego por pedido de los propios municipios, se resolvieron medidas más extremas.
A decir verdad, el ala de los sanitaristas nunca estuvo de acuerdo con que sus disposiciones frente a los municipios sean no vinculantes; en verdad, esa situación colaboró para que el ya desgastado COE ejerza hoy un rol mucho menos nítido.
Y eso se traslada también a sus principales referentes. De hecho, después de un altísimo nivel de exposición mediática, desde hace algunas semanas ya no se lo ve públicamente al titular del COE, Juan Ledesma. Desde adentro, si bien marcan algunas diferencias entre él y el ministro de Salud, Diego Cardozo, aseguran que ambos siguen participando activamente de las reuniones que a diario se hacen.
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