Mientras el Ejecutivo Municipal madura una decisión que parece ineludible, el Suoem se eriza frente a la perspectiva de que se eche mano a un ajuste en las partidas salariales -que consumen cerca del 65% del presupuesto de la ciudad- para atender a la emergencia sanitaria desatada por la propagación del COVID-19.
Pero los cierto es que, si bien se mira, resulta difícil encontrar otra cuenta para ajustar en el Palacio 6 de Julio que ofrezca un ahorro significativo que volcar a la contención de la pandemia.
Además, más allá de los empleados municipales que se encuentran activos por atender a la prestación de servicios esenciales y que no serían objeto de descuento alguno, la amplia mayoría de los municipales no concurrieron durante abril a sus puestos de trabajo por imperio del receso administrativo resuelto por el intendente.
Esto, desde luego, no implica que el empleador no deba pagar los salarios, pero si justifica largamente que no se abonen extensiones de jornada de jornadas que jamás fueron cumplidas o se paguen horas extras que nunca fueron trabajadas.
Ahora bien, si por un mero ejercicio contra fáctico decidiéramos dejar de lado los sólidos argumentos con los que cuenta el municipio para rehusar el pago de estos conceptos y atender sólo a las posibilidades reales del Suoem de lanzar un plan de acción consistente para repeler lo que equívoca e interesadamente lee como un atropello a sus derechos, nos encontraríamos con que son muy acotadas.
En primer lugar, intentar cualquier clase de movilización, por reducida que fuera, contravendría por completo las disposiciones del Gobierno Nacional que imponen distanciamiento social y cuarentena obligatoria. Un acto de tamaña irresponsabilidad no sólo no resulta concebible, sino que además, de darse, no reportaría beneficio alguno al sindicato, que sólo conseguiría la reprobación cerrada de toda la ciudad y serias consecuencias penales que para los partícipes.
Si, por otro lado, se intentara en el marco de un hipotético “plan de lucha” afectar los servicios esenciales que cumplen los municipales que se encuentran activos, la reacción sería incluso peor, y el Suoem habría hecho todo lo necesario para justificar un avance mucho más fuerte del Palacio 6 de Julio no ya sobre las prolongaciones de jornada y las horas extra, sino también sobre las bonificaciones que gran parte de la planta recibe y que llegan a tener una incidencia de hasta el 40 por ciento en los salarios que paga la ciudad.
Se trata de las bonificaciones extraordinarias, que en su momento fueron establecidas para los empleados expuestos a algún tipo de riesgo en el cumplimiento de sus funciones, y que luego fueron universalizadas por el inciso 2 del artículo octavo de la ordenanza salarial, en tiempos en que el Palacio Municipal era asolado por la gestión de Luis Juez.
Desde el desembarco del peronismo en la Municipalidad, la mayor preocupación de los municipales gira en torno a la permanencia de este inciso, o a la modificación que de esta normativa pudiera intentar la Secretaría General del municipio, hoy a cargo de Verónica Bruera.
Finalmente, y aún si desde la conducción del Suoem se intentara tan temeraria jugada, luce bastante dificultoso que los empleados avocados a la prestación de servicios esenciales -que prestan funciones durante el receso administrativo y que, por lo tanto, cobran prolongaciones de jornada y horas extra, quedado totalmente exentos de los “recortes”-decidieran parar o realizar asambleas en solidaridad con quienes, desde sus casas, reclama por el cobro de conceptos extraordinarios.
Todo lo antedicho, a su vez, debe ser puesto en un contexto de sostenida caída de la recaudación provincial y nacional y, por lo tanto, de los recursos coparticipables que llegan al municipio, y de una aguda profundización de esta caída en la recaudación municipal que se proyecta para abril.
El municipio está compelido a hacer economía. Tiene buenos argumentos para hacerlo. Y, probablemente, una flaca resistencia.
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