El anuncio del gobierno nacional de que el tercer pago del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia) será para áreas que sigan en confinamiento rígido por el coronavirus (AMBA y Chaco), causó preocupación en el Centro Cívico y en la Municipalidad de Córdoba. También, en referentes locales del Frente de Todos y en organizaciones sociales. La alerta se profundizó con el decreto 576 de ayer, que confirmó a la provincia en fase flexible de cuarentena.
Aunque no habrá nota formal del gobierno provincial a la Nación, hay negociaciones y diálogo para que se sostenga un tercer pago, por lo menos en la ciudad de Córdoba. Por la tarde, funcionarios y dirigentes sociales insistieron en afirmar que la Capital, donde viven 350 mil de los 740.000 beneficiarios de toda la provincia, no va a quedar afuera. El IFE aumentaría de $ 10.000 a $ 12.000. En cualquier caso, no es una decisión que el presidente Alberto Fernández tomaría solamente para Córdoba, so riesgo de entrar en tensión con otros gobernadores.
La propia titular de Anses, organismo a cargo del programa, Fernanda Raverta, deslizó a una radio porteña que se evalúa reconsiderar un tercer pago a zonas determinadas. Dijo que se entrecruzarán datos para dirigir mejor el beneficio extraordinario. Mediáticamente, se mencionó a Córdoba Capital y Neuquén Capital, entre otros conglomerados.
Fuentes provinciales indicaron a Alfil que el ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei, está al frente del tema y en contacto con su par nacional, Daniel Arroyo. Hoy habría un encuentro virtual entre ambos para evaluar la situación. La relación es buena y en el Panal hay optimismo. De hecho, ni siquiera dan por confirmado el recorte. “A nivel nacional no hay definiciones y estamos trabajando el tema”, fue la respuesta de una alta fuente schiarettista.
Por este y otros temas sociales, la Municipalidad se reuniría con Massei este martes. En medio del conflicto con Suoem, para Martín Llayrora es clave asegurar el IFE para sectores sin ingresos.
Según el decreto nacional 576/2020 publicado ayer, Córdoba está en fase de distanciamiento social por el COVID-19, porque no hay transmisión comunitaria del virus. Esto implica, en teoría, mayor flexibilidad de la población para trabajar.
De todos modos, los tiempos dan margen porque recién el 14 de julio se finalizaría el pago de la segunda cuota del IFE. La fuerte caída de la economía (11% en el primer cuatrimestre y 26,4% en abril, según el Indec) es considerado un argumento en sí mismo para no cortar. Y aunque haya más flexibilidad para trabajar en las zonas de “distanciamiento”, muchos trabajadores informales no podrán ingresar a viviendas a hacer tareas. Todo eso será motivo de conversación con Arroyo.
El IFE se paga a monotributistas de categorías bajas y a trabajadores informales que perdieron ingresos por la cuarentena. A nuevos pobres y a sectores de pobreza estructural. En las organizaciones sociales también cundió la preocupación por la posible caída del IFE. Ayer hubo algunas reuniones para analizar la situación. El salario social (hoy llamado Potenciar Trabajo) no llega a la misma cantidad de personas que el IFE y los nuevos cupos son escasos. Dos referentes de organizaciones sociales advirtieron que la tensión social puede aumentar si se caen este ingreso de emergencia, que a nivel provincial significa unos $ 7.400 millones.
El tema tiene un trasfondo vinculado a la relación de Alberto Fernández con los gobernadores. Fuentes ligadas a la Casa Rosada remarcan que sería difícil pagar el IFE III a algunos distritos en fase de distanciamiento y a otros no. Pondría en tensión la relación del jefe de Estado con los gobernadores, una cuestión clave para AF, en función del equilibrio de fuerzas de la coalición Frente de Todos. Por otra parte, las fuentes destacan que “no hay plata”. El IFE, como todo el sistema de ayuda que implementó la Nación frente a la pandemia/cuarentena, se costea con emisión monetaria.
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