Falsa polémica sobre vacunación a políticos

(Por Pablo Esteban Dávila - Diario Alfil) En su edición impresa del domingo pasado, el diario Clarín presenta, a modo de título principal, el siguiente: “Más políticos se vacunan y crece la polémica sobre si deben tener prioridad”. Adelantamos nuestra opinión sobre que sí deberían tener prioridad y que la supuesta polémica no es tal.

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Debe reflexionarse, antes que nada, sobre la caracterización de “políticos”, esto es, personas que practican el arte de la política, sea vocacional o profesionalmente. Si es a esta categoría genérica, extendida y polifacética a la que hace referencia la nota, es claro que por pertenecer a ella no se deriva derecho a ninguna prioridad. Hay políticos que son jóvenes, otros viejos, algunos enfermos y tantos otros sanos. En este contexto, el predicado que da origen a la especie no explica nada.

Esto es precisamente lo que sucede al leer la publicación con mayor detenimiento. Allí, de políticos se pasa a autoridades y funcionarios, es decir, políticos que son electos por el voto popular y otros que los acompañan en la función pública, generalmente en posiciones de confianza. Sobre ellos se desata la supuesta polémica detectada por Clarín, no sobre la generalidad de la clase política. No es una disquisición menor.

Pero aquí surge un nuevo tropiezo dialéctico. Las autoridades electivas y los funcionarios designados por aquellas también integran un colectivo variopinto. En una crisis como la desatada por la pandemia, no es lo mismo el responsable de la cartera de salud que su colega a cargo del medio ambiente. Las emergencias, por su carácter imprevisto y agudo, transforman roles y personajes de la noche a la mañana. Basta observar la mutación desde técnico ignaro a referente político del ministro Fernán Quirós, en la ciudad de Buenos Aires, para coincidir con tal cosa. Cuando se piensa en funcionarios y prelaciones, no deben soslayarse las tareas que cada uno desempeña dentro de la organización estatal.

No obstante, hay figuras que son insoslayables y que no interesan que sean o no de riesgo. Se trata del presidente de la Nación y de los gobernadores. Ellos no pueden dejar de vacunarse, aunque prefieran la demagogia de “esperar su turno”. En las posiciones que ocupan no se puede elegir que cosa les gustaría hacer ahora o dejar para mejores momentos: deben hacer lo que tienen que hacer. Vacunarse, para ellos, no es optativo. Hizo bien el cordobés Juan Schiaretti en recibir su dosis y también debe felicitarse al bonaerense Axel Kicillof por haberse inoculado, pese a no integrar un grupo de riesgo.

Es importante ser categórico en este punto. Las crisis, todavía más en las democracias, requieren conductores aptos. Si se trata del Covid-19, la aptitud incluye la salud psicofísica. Una cosa era preservarse cuando la vacuna no estaba lista (el caso de Schiaretti durante los primeros meses de confinamiento fue paradigmático) y otra muy diferente es hacerlo estando disponible el antídoto. El presidente y los gobernadores no pueden estar aislados indefinidamente a la espera de la inmunidad de rebaño. Están compelidos a actuar, a dirigir, a gobernar. Esta es una tarea exigente y jerárquica, que requiere, cuanto menos, que los recursos del Estado, entre ellos las vacunas, sean puestos a disposición de la misión que la sociedad les ha encomendado. Además, tienen un rol pedagógico que cumplir, toda vez muchos no aceptarían vacunarse si antes no lo hicieran quienes mandan.

Tal como se sugirió, los ministros de salud y algunos de sus colaboradores inmediatos deberían asimismo estar dentro de los primeros en recibir sus dosis. Ellos son los ejecutores de las políticas establecidas por el Poder Ejecutivo y no les es posible apartarse de sus estrategias solo por temor al contagio, por presentar diferentes tipos de comorbilidades o por ser de edad avanzada. Tampoco aquí aceptar la vacuna es opcional.

El resto de los funcionariados, incluidos los legisladores, probablemente deban esperar su turno. En estos casos, la regla sobre el orden de vacunación debe ser inapelable. Primero se inocula al personal de salud, luego al de seguridad, se sigue con los docentes y se continúa con los diferentes grupos de riesgo. Los gobernadores y sus ministros de salud no deben ser considerados como excepciones a esta prelación, toda vez que son los comandantes del gran esfuerzo que, en materia sanitaria y de seguridad pública, lleva adelante el personal especializado.

Estas certezas, por supuestos, requieren de templanza en aquellos dirigentes que deben esperar su turno como cualquier hijo de vecino. Y esta, como se sabe, no es una virtud de las más frecuentes. Ya hay noticias de dos concejales de la localidad de San Andrés de Giles, las señoras Branchini y Cané, que se vacunaron gracias a contactos especiales (aunque luego debieron renunciar) y crecen las sospechas sobre que podría existir un mercado negro de dosis que favorecería a los allegados al poder. Si no existe un autocontrol entre quienes pueden acceder a estas ventajas merced a sus posiciones de poder, será difícil sostener alguna autoridad moral de parte de aquellos que ejercen funciones públicas en momentos tan aciagos.

Finalmente, resulta también opinable algunas excepciones dispuestas a la regla establecida. Moria Casán, por ejemplo, fue beneficiada con la Sputnik V para “crear conciencia”, dado su condición de famosa y septuagenaria, en tanto que, en Córdoba, se aplicó un criterio semejante con Sonia Torres, la histórica referente de Abuelas de Plaza de Mayo. Aunque se entiende los propósitos subyacentes a estas anomalías, no dejan de ser escasamente republicanas. Las señoras Casán y Torres fueron seleccionadas con criterios políticos, no sanitarios, sin respetar el turno que a los demás se les exige aguardar. Crear conciencia siempre está bien, pero hacerlo a costa de saltearse las normas que a los demás se les exige cumplir no parece un recurso saludable.

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