El extenso conflicto del transporte sumó ayer un episodio capital: entró al Concejo Deliberante un proyecto enviado por el Ejecutivo para declarar la emergencia en el servicio, ampliando en enorme medida las facultades del intendente, que a partir de su sanción podría “readecuar” el diseño operativo de la prestación para garantizarla, “establecer” sistemas alternativos de transporte, modificaciones de frecuencias y rediseño de líneas, y“disponer" el ordenamiento e instrumentación del régimen económico financiero, además de “toda aquella (medida) que tenga por finalidad asegurar la sustentabilidad del sistema y la Movilidad y Tránsito Urbano (…) y la accesibilidad de los usuarios a los diversos medios de transporte”.
Como puede advertirse, la redacción del artículo segundo -núcleo del proyecto- es tan abierta que resulta imposible discernir hasta donde se proyectan las nuevas facultades del Ejecutivo. ¿Qué significa, a ciencia cierta, “disponer el ordenamiento e instrumentación del régimen económico financiero”? ¿Qué límite encuentra la autorización del Legislativo al Ejecutivo para “adoptar las medidas extraordinarias y urgentes necesarias (…) a efectos de garantizar el cumplimiento de necesidades de transporte”? Misterio.
Este fenomenal empoderamiento que persigue el Ejecutivo encierra un mensaje claro para los choferes: si el sindicato no acepta la propuesta construida por la Municipalidad, en la que ésta se compromete a garantizar la continuidad de todos los puestos a cambio de que los trabajadores acepten una reducción del 12 por ciento de sus salarios durante los próximos tres meses y el pago del medio aguinaldo en tres cuotas, entonces la Municipalidad reclamará para sí la facultad de imponer los cambios que juzgue necesarios para garantizar la prestación del servicio.
La dialéctica no varía si se la compara con la que rigió el conflicto entre el Palacio 6 de Julio y el Suoem: si el sindicato no hace algunas concesiones el Ejecutivo avanzará con o sin consensos. Desde luego, hay otras tantas diferencias: la Uta, a diferencia del Suoem, no puede erigirse en un fiscalizador de la gestión ni boicotearla valiéndose de las herramientas que a los municipales les concede cohabitar los despachos que conducen el municipio; en el sistema de transporte la relación entre el Estado Municipal y los choferes está intermediada por las empresas concesionarias y las otras órbitas de gobierno también inciden a través del giro de subsidios; la Uta -a diferencia del Suoem- es un sindicato federado gobernado en buena medida por los intereses de Uta Nacional; y un largo etcétera. Pero si se observa el método de negociación/presión aplicado por el Ejecutivo, la lógica que subyace es la misma, y en ambos casos lo hace determinado por sus necesidades. Le estrepitosa caída de la recaudación obligó los recortes al Suoem como la fenomenal merma en el corte de boletos jaqueó al transporte y hace inevitable encarar profundas reformas al sistema.
Al otro lado, la Uta promete que resistirá el embate e irá a la Justicia a defender que entienda le sea quitado por fuera de la ley. Nada alentador. Los sindicatos fuertes no suelen apelar a los estrados judiciales para zanjar sus disputas y prefieren dirimirlas mediante planes de lucha organizados. Y cuando estos no bastan, rara vez la solución llega bajo la forma de una sentencia.
El gremio, que según apunta la conducción ha reagrupado sus fuerzas sumando a su mesa a representantes de los choferes autoconvocados de Ersa y Aucor, no parece ver el quid de la cuestión: el servicio, bajo las actuales condiciones, es groseramente inviable. Sostener el mismo nivel de costos vendiendo el 10 por ciento de los pasajes que antes de la pandemia representa el colapso del sistema. Y un municipio cuyos ingresos han caído en un 30 por ciento durante la cuarentena no puede aportar demasiado.
Cambios
Aunque la deliberada amplitud de las facultades conferidas por el proyecto no dan demasiadas pistas sobre de las intenciones del Ejecutivo, fuentes oficiales señalaron algunas directrices a Alfil.
El primer lugar, el nuevo esquema que estudia el Ejecutivo buscaría fortalecer a la Tamse dándole más rutas y permitiéndole contratar servicios, y no necesariamente servicios de agentes enrolados en UTA. Esa misma facultad tendrá también el Esop. Dato adicional: de los 1200 empleados que hoy tiene este ente, 200 son choferes. Una cantera a la que podría apelar el municipio.
Por otro lado, este esquema presentaría importantes cambios en cuanto a los recorridos. Algunos especialistas señalan que, bajo las circunstancias que plantea la pandemia, y en el caso de que un sistema de transporte resulte viable en tales condiciones, debe imaginarse uno con menos recorridos y mayor frecuencia en las líneas troncales. En otras palabras, caminar más y hacinarse menos.
Esto plantea dos interrogantes. El primero: ¿qué prestadora perdería rutas si éstas disminuyeran? El segundo: ¿habrá despidos? Sobre este último no hay respuesta, aunque debe recordarse que el Ejecutivo decidió avanzar en la emergencia luego del rechazo de una propuesta que sí consideraba la continuidad de todos los puestos. Sobre el primero se oyó una que permite una punción sobre la determinación con la cual el Municipio se prepara para avanzar: “la que se ponga adelante”.
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