El intendente Martín Llaryora prometió a los vecinos de Córdoba que utilizaría todas las herramientas disponibles para contener los desmanes del Suoem. Exoneró de manera directa al empleado municipal que manipuló un mortero casero durante una protesta y, ayer por la tarde, notificó la suspensión preventiva a tres activistas imputados por agredir a un verdulero durante otra manifestación por mejoras salariales.
Los empleados investigados por lesiones leves calificadas y alevosía no podrán prestar servicios en el municipio por 30 días corridos y, por supuesto, no cobrarán su sueldo mientras dure el apercibimiento, según la resolución N° 1427 firmada por la secretaria General, Verónica Bruera. Este medio consultó a altas fuentes municipales si el objetivo de la decisión era iniciar la desvinculación de estos empleados recientemente liberados por orden judicial. No lo niegan, aunque reconocen que todo dependerá del resultado del sumario.
Como se observa, el equipo legal que asesora a Llaryora, esta vez, decidió iniciar el proceso de sanciones que estipula el Estatuto de Personal para evitar la guerra de bibliotecas jurídicas que rodeó la exoneración directa de Nelson Cuello, integrante de la repartición de Espacios verdes.
La ordenanza N° 7 244, en el artículo 56 y su decreto reglamentario establecen que no requiere sumario previo la sanción de exoneración, cuando se trate de las faltas correspondientes al artículo 54 inciso “a”. Allí se indica que la exoneración previa, sin sentencia judicial firme, se puede llevar adelante cuando se cometan delitos “en perjuicio o referido a la administración pública o en ejercicio de sus funciones” o aquellos indirectos, que afecten el prestigio o función del Estado.
De todas maneras, el Ejecutivo intentó blindar la decisión que causó un revuelo en el Concejo Deliberante elevando la jerarquía de la resolución (ratificada por el bloque peronista) con fuerza de ordenanza. De todas maneras, en el Suoem afirman que fue injustamente despedido y que presionarán por su reincorporación por vía judicial.
Si esto sucediera, el costo político para Llaryora sería incalculable porque prometió que todo aquel empleado que no cumpliese con lo que se espera laboral y socialmente de él pagaría las consecuencias. Trascendió, que la misma firmeza que intentó mostrar con la exoneración de Cuello motivó la suspensión de los tres activistas del sindicato. Ahora bien, el sumario administrativo podría dormir el sueño de los justos y no redundar en despidos. El intendente peronista ya tiene una carta para jugar si el Suoem eleva la presión por la situación laboral de estos hombres.
Pero, suenan con fuerza otras lecturas sobre el tema. La interna del Suoem reclama en este teorema político un mayor protagonismo. Nadie ignora que el año que viene el gremio municipal se embarcará en la carrera por la sucesión de Beatriz Biolatto. O, en términos correctos, el recupero del bastón de mando por parte de Rubén Daniele, actualmente secretario general de facto. El histórico sindicalista ya logró el apoyo del jefe del Palacio 6 de Julio quien lo reconoció como un interlocutor válido y el responsable de la negociación salarial de las últimas semanas.
Nota al pie: si los municipales están disconformes, Llaryora les presentó el culpable. Una maniobra de dos polos, propias de un dirigente político que hace bien en no confiar en Daniele-
Volviendo al punto, las suspensiones de los empleados de las áreas operativas que se formalizaron ayer pegan de lleno en el coto de un dirigente que siempre se mostró orgánico y leal con Daniele, pero que nadie ignora que extendió su influencia más allá de las áreas operativas que siempre controló. Se trata del adjunto del Suoem, Daniel “Chiquito” Fernández.
Daniele encuentra tentador que no vuelvan estos empleados que le responden al número dos del gremio porque sabe que Fernández se ocupó de lleno en la asistencia de los dirigentes y familiares de los detenidos.
El pasante que escaló en meses a la cúpula del Suoem entiende que deponer la presión por el reingreso de Cuello o mostrarse pasivo frente a las sanciones más graves a los otros imputados, es un tributo que necesita ofrecerle a Llaryora para asegurarse ser el único interlocutor sindical, si eso cabe dentro de lo imaginable en un sindicato que funciona como una federación de gremios.
A su vez, Llaryora tendría el camino allanado para cobrarle una factura a Fernández, señalado por miembros del propio Ejecutivo como el más intransigente en la mesa de negociación salarial y el pedido de reinstalación de la jornada laboral completa.
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