El próximo domingo vence un nuevo plazo en la extensión de la cuarentena nacional impuesta por el gobierno de Alberto Fernández frente a la pandemia del coronavirus. Y si bien aún no hay certezas respecto de hasta cuándo se prolongará (se habla del 26 de mayo) ni bajo qué modalidad, en el Centro Cívico tienen en claro una sola cosa: será imposible mantener el confinamiento en la provincia tal cual rige hasta hoy.
En la edición de ayer, desde estas páginas,dábamos cuenta de la presión que están ejerciendo los intendentes y jefes comunales de las localidades comprendidas en las zonas rojas (pero que no registran casos de COVID-19 o que ya cumplieron con los periodos ventanas de sus contagiados) para que se les permita levantar de manera progresiva la cuarentena.
Frente a ello y con la convicción de que cada vez más la Nación irá delegando en las Provincias la responsabilidad del manejo local del aislamiento dentro de ciertos marcos generales, en el Gobierno de Juan Schiaretti consideran que llegó el turno de los intendentes y de la responsabilidad individual.
La situación económica es crítica y el municipalismo cordobés en su conjunto ya le advirtió al mandatario provincial que prolongar el aislamiento más allá del 10 de mayo, será insostenible.
La necesidad de comenzar a reactivar las economías regionales, aunque sea a través de algunas actividades, para que la rueda empiece a girar nuevamente, derrumba cualquier criterio epidemiológico que después de 50 días de un párate total, le indique lo contrario a los intendentes.
Además, los jefes comunales sacan a relucir el buen comportamiento ciudadano en general y los nuevos hábitos hasta aquí adquiridos; señalan que son los propios vecinos los que presionan a través de notas y hasta cacerolazos, con lo cual el grado de compromiso -dicen-será mayor frente a una eventual flexibilización.
Desde que el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) dividió el mapa provincial entre zonas blancas y rojasestableciendopodrían comenzar a abrir la cuarentena y cuáles no, hubo un aluvión de pedidos de municipios y comunas que solicitaron ser recategorizados.
De hecho, las ciudades más grandes como San Francisco, Villa María, Río Cuarto y hasta Carlos Paz que inicialmente quedaron pintadas de rojo, pidieron al COE y al Centro Cívico autorización para relajar parcialmente el confinamiento y habilitar, por ejemplo, parte de sus comercios y las obras privadas.
Y aunque el órgano que centraliza las acciones frente a la pandemia aún no respondió a todas esas demandas, en el Centro Cívico saben muy bien que ya no hay margen político para negar el levantamiento de ciertas prohibiciones en aquellas ciudades y localidades queya no tengan casos de COVID-19 o que los contagiados ya se hayan recuperado.
Así las cosas, la estrategia que seguirá el gobierno provincial es una suerte de “municipalización” de la apertura: delegar en los intendentes y jefes comunales las responsabilidades frente a la nueva etapa que se viene. Serán los gobiernos locales los que deban administrar y controlar el cumplimiento de las nuevas disposiciones, pero también responder políticamente frente a posibles fracasos.
La Provincia siempre podrá dar marcha atrás, revisar y rever las autorizaciones otorgadas. En definitiva, cualquier tipo de negligencia o traspié municipal que disparara los números de Córdoba terminaría repercutiendo negativamente en la Provincia, desde donde, aunque no se lo admita por lo alto, se busca preservar la imagen de “buen gestor” del gobernador Schiaretti.
De hecho, el caso del hospital Italiano en Capital y sus derivaciones, generó preocupación pero también malestar político. Claramente la ciudad de Córdoba no está en condiciones de solicitar ningún tipo de flexibilización, menos aún cuando hace horas se corroboró la presencia de contagio comunitario.
Lo cierto es que nadie imagina que desde el próximo lunes la vida de los cordobeses vuelva a su ritmo habitual ni mucho menos. Lo que en verdad comenzará a verse es una apertura paulatina en las localidades del interior lo que demandará de un mayor rigor por parte de los municipios para ejercer los controles internos.
Caso Entre Ríos
El gobernador de la provincia de Entre Ríos, Gustavo Bordet, avanzó en una línea similar a la que planea Córdoba. Anunció que sus municipios podrán habilitar comercios minoristas y oficios, siendo responsabilidad de cada autoridad local el control y el cumplimiento de los protocolos sanitarios
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