Reclamos de comercios y posibilidades del Estado, la historia de la frazada corta

Los diez días de regreso a fase 1 en todo el país por la suba de contagios de coronavirus y la consecuente crisis del sistema de salud, despertó protestas entre comerciantes y empresarios en diferentes puntos del país. En Córdoba hubo marchas el martes y ayer, siempre bajo el concepto “queremos trabajar”. La expectativa, también, es que haya una respuesta de asistencia del Gobierno provincial e incluso de las administraciones municipales. 

A lo largo de este casi año y medio, Nación otorgó primero los ATP y, ya a fines de 2020, los reemplazó por los Repro que para los distintos sectores más afectados por los cierres son insuficientes y burocráticos. También hubo financiamiento especial. 

El Gobierno estima que esta nueva instancia alcanzarán 1,4 millones de trabajadores de comercios de rubros esenciales, no esenciales y centros de compras, así como independientes. El monto, que hasta abril era de $18000, pasó a $22.000 por relación laboral para las empleadoras y los empleadores encuadrados en los sectores críticos y salud, que en abril llegaba hasta los $18.000. 

En el caso de la administración de Juan Schiaretti, hubo eximiciones del pago de Ingresos Brutos para las actividades críticas (hay que tener en cuenta que es un impuesto que pesa sobre facturación con lo que, si no se hace caja, baja el monto a pagar), líneas de crédito a tasa cero y planes de pago para la Epec.  

Los sectores empresarios que representan a las Pymes insisten en que endeudarse no es una salida porque ya se empezaron a pagar los préstamos tomados el año pasado y no hay más margen. Además, la estructura completa de costos sigue corriendo por eso las asistencias del Estado son siempre menos de las que se necesitarían. Según los datos de la Cámara de Comercio, en este período se perdieron 55.000 empleos en el sector. 

En el arranque del año, la Federación Comercial de Córdoba (Fedecom) acompañó la solicitud que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) le hizo a Schiaretti, para que -en virtud de la exención de un 50% del monto tributado por Ingresos Brutos anunciada por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires para las actividades perjudicadas por la pandemia de coronavirus que aún no han recuperado los niveles de ventas y/o producción previos a la misma-, considere hacer lo mismo. El fundamento es que no resisten la presión fiscal. 

Los Estados –en todos sus niveles- tienen restricciones para aumentar las ayudas porque sus gastos también se incrementan por las derivaciones de la pandemia. Un ejemplo de la situación es que en el presupuesto nacional en ejecución directamente no se había contemplado el gasto Covid-19. El ajuste empezó por ahí y por las jubilaciones. Además, no se estimó ninguna ayuda extra para las provincias como las que sí hubo en 2020; hasta ahora los gobernadores deben manejarse con sus propios ingresos, la coparticipación y las transferencias arbitrarias. 

La economía argentina viene muy golpeada por la pandemia; el año pasado por la caída de ingresos y el incremento de gastos como el IFE y el ATP, que junto a las transferencias a provincias y otros “gastos Covid” insumieron alrededor de un 3,5% del PIB, el gobierno nacional cerró el 2020 con un nivel de déficit primario como no se había observado en 45 años, que, aunque resultó inferior al que el propio gobierno proyectaba, fue del 6,5% del PIB, según datos del Iaraf. 

Prácticamente todo el financiamiento corrió a cargo del Banco Central, cuya asistencia al Tesoro Nacional mediante transferencia de utilidades y adelantos transitorio sumó el pasado año el equivalente al 7,5% del PIB. 

Para este año presupuestó un déficit primario del 4,2% del PIB. El achicamiento interanual del déficit sería por una mejora en la recaudación de impuestos ligados a la actividad como el IVA (ahora en duda por nuevas limitaciones y alza de la inflación), y también las retenciones. Pero el fuerte era por eliminación de “gasto Covid”. 

Los recursos extra provenientes de los impuestos sobre los sectores agroexportadores y sobre las personas de mayor patrimonio declarado suman alrededor del 1,2% del PIB, esos ingresos dan al Tesoro nacional un oxígeno extra necesario para afrontar los nuevos gastos no previstos inicialmente. Las Provincias –sino cambia el planteo Nacional- no tendrán esos aportes extras.