Los ciudadanos apelaron a innumerables recursos para mantener la cordura y la actitud positiva durante la cuarentena obligatoria que dispuso el Gobierno nacional por la pandemia del coronavirus. El humor en redes sociales fue el más utilizado y es probable que los lectores hayan visto varios posteos con la música y letra de la canción de Charly García, concretamente los populares versos “Yendo de la cama al living/ Sientes el encierro”.
Pero entre todos los casos particulares o curiosos expuestos por la prensa en estos días, cabe destacar la situación de dos referentes de la política sindical cordobesa que comenzarán a vivir la experiencia de refugio domiciliario, sin mayores traumatismos por cierto, porque la Justicia permitió al secretario general del Surrbac, Mauricio Saillen, y su adjunto, Pascual Catrambone, pasar de su celda en Bouwer al cómodo sofá de su sala de estar, tras el pago de una fianza de $ 10 millones.
Cabe aclarar que deberán permanecer en sus domicilios hasta que pasen las restricciones sanitarias porque el beneficio es el de la libertad bajo caución real, esto es tras el pago del monto fijado o la aplicación de una hipoteca sobre bienes inmuebles. Así lo dispuso la Sala B de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, con el voto afirmativo de Abel Guillermo Sánchez Torres y Luis Roberto Rueda; y la disidencia de Eduardo Avalos.
Ahora bien, los imputados estarán aislados por el coronavirus y por pedido de los camaristas. El fallo les impide el ejercicio de la representación sectorial y su participación en la mutual Amsurrbac, tampoco podrán visitar las reparticiones o asistir a reuniones relacionadas con la organización. Además, tienen prohibido salir del país o comunicarse con testigos o personas vinculadas a la investigación.
Los líderes del gremio de los recolectores de residuos se encontraban presos desde agosto en el marco de varias causas, a cargo del juez Ricardo Bustos Fierro, por presunto lavado de dinero, usura, defraudación, malversación de fondos y asociación ilícita. Los damnificados directos serían los afiliados que dicen representar.
En diciembre y febrero pasados, la misma Cámara había desestimado el pedido de excarcelación que hicieron los abogados de los sindicalistas pese a las recomendaciones del fiscal Enrique Senestrari, quien no mostró objeciones ante el último pedido de libertad de los capos del Surrbac. El funcionario judicial argumentaba que los denunciantes no corrían peligro (pese a las exposiciones de agresiones y amenazas), tampoco la evolución de la causa como afirmaba Bustos Fierro.
Hasta allí, la información del día. El interrogante que se abre es cómo repercutirá la resolución judicial en la estructura de poder del Surrbac, intervenida desde hace un mes por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Como se sabe, la excarcelación puede ser temporal y hay quienes recomiendan al mandamás de los recolectores que espere su veredicto fuera de la estructura formal del Surrbac.
El consejo surge de la mesa chica de Saillen y Catrambone porque presumen que la duración del periplo judicial atenta directamente contra el actual plan de control remoto del organismo.
En especial, porque tienen firmes sospechas –los hijos de Saillen así lo expresaron públicamente- de que existe un “pacto” entre el presidente Alberto Fernández y Hugo Moyano para destruirlos y recuperar la plaza cordobesa. En síntesis, la teoría conspirativa apunta a afirmar la hipótesis de que el líder de los camioneros se cobrará en el territorio la traición del protegido que decidió fundar un gremio propio y una mutual, esta última, con el aval directo de la entonces mandataria nacional, Cristina Fernández de Kirchner.
Entonces, la alternativa que cobra peso entre Saillen y Catrambone para bloquear la avanzada moyanista en Córdoba – que incluyó capítulos mafiosos con tiroteos en las bases de la extinta Crese o de persecución interna de disidentes políticos- no es otra que la normalización de las autoridades del sindicato.
Por la intervención, el Surrbac no cuenta con su comisión directiva activa, aunque son los referentes de confianza de Saillen quienes siguen atendiendo cuestiones estrictamente gremiales y negocian con las empresas o el ESOP la agenda de reclamos diaria. La alternativa que barajan para levantar el perfil del sindicato es, precisamente, adelantar las elecciones apenas la restricción por 120 días que suspende comicios y prorroga los mandatos a punto de caer. El decreto nacional forma parte del combo de medidas contra la pandemia.
De no ser por su situación penal, Saillen y Catrambone estarían al frente del Surrbac por dos años más. Lo cierto es que abundan las dudas sobre su futuro y prefieren anticiparse. Trascendió que el sucesor estaría elegido y, como no podía esperarse de otra forma en un organismo endogámico, Juan Saillen encabezaría la lista.
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