Junto al jujeño se dieron cita, en la comisión de comisión de Presupuesto y Hacienda de la cámara baja, Gustavo Bordet (Entre Ríos), Omar Perotti (Santa Fe), Gustavo Sáenz (Salta) y Omar Gutiérrez (Neuquén). Todos fueron unánimes en afirmar que es necesario cerrar el asunto con el Fondo y que el peor escenario es el default. Para quienes le toca gobernar, la retórica antiimperialista no es admisible; tiene gusto a estudiantina.
Juan Schiaretti no estuvo en la foto ni envió a ninguno de sus laderos para la ocasión. Su ausencia no debería sorprender a nadie. Hace mucho que el gobernador de Córdoba decidió quemar naves en su relación política con el presidente. Sin embargo, sus legisladores precisaron, en fechas recientes, que no pondrán obstáculos para la aprobación parlamentaria del entendimiento con el FMI. De hecho, el vicegobernador Manuel Calvo tiene prevista en Washington, para los próximos días, una reunión con Luis Cubeddu, el jefe de la misión de aquel organismo para Argentina, oportunidad en donde expondrá el apoyo institucional que brindará la provincia al acuerdo.
¿Porqué entonces, si ya está decidido acompañar al oficialismo en este tema, el gobernador insiste en esquivar a Fernández? Simplemente porque su respaldo se circunscribe a una mera cuestión de gobernabilidad, carente de cualquier empatía política. Schiaretti es un hombre de Estado, de la clase que no puede -aunque quisiera- torpedear un tema vital para el futuro inmediato del país. Además, las encuestas señalan que una importante mayoría de la sociedad cree que es necesario cerrar con el Fondo y que la oposición debería acompañar al presidente en estos afanes. Se hace difícil para el cordobés prescindir tanto de sus instintos como de los datos duros de la realidad.
Va de suyo que esto no equivale a extender un cheque en blanco ni, mucho menos, firmarlo en público. Los diputados schiarettistas no se mostrarán como los más activos en los cabildeos para sacar el acuerdo adelante. Incluso es probable que la redacción del proyecto de Ley enviado para su tratamiento les produzca tanto escozor como a sus colegas de Juntos por el Cambio quienes, con matices, también estarían dispuesto a colaborar. No debería, en consecuencia, sacarse conclusiones apresuradas en un escenario plagado de tantos intereses (e ideologías) en pugna.
Sucede que la aprobación del acuerdo, tal como ha sido presentado por el Gobierno, viene con un combo. Se le pide al Congreso no solo que lo ratifique, sino que, además, valide una serie de compromisos asumidos por Martín Guzmán con los técnicos de Kristalina Georgieva los que, claramente, incluyen un ajuste que terminará impactando sobre muchos sectores, las provincias incluidas. Es entendible, en consecuencia, que haya reticencias para aprobar, sin más, un articulado como el propuesto.
El asunto tiene un costado paradójico. De tanto negarse a presentar un programa económico coherente, el presidente ahora hace suyo uno exigido por el Fondo Monetario. Es el precio que debe pagar por su molicie intelectual. Pero una cosa es asumir la responsabilidad personal por esta rareza y otra muy distinta pretender asociar a la oposición (incluida la schiarettista) en semejante extravagancia, especialmente cuando importantes sectores del Frente de Todos ya le han picado el boleto.
¿Qué sucederá entonces? Está claro que nadie, salvo la Cámpora y la izquierda, desea el default, muchos menos Juntos por el Cambio, cuya oportunidad de regresar al poder parece estar a la vuelta de la esquina. Sin embargo, la Casa Rosada se obstina en dificultar este consenso con un texto que parece intentar sumar cómplices antes que lograr consensos genuinos.
El camino, por lo tanto, consistiría en aceptar un cambio en la filosofía del proyecto enviado por el Ejecutivo, disociando la aprobación del entendimiento en sí de los detalles para llevarlo adelante. Corresponde al Congreso aprobarlo, es cierto, pero es materia exclusiva del gobierno implementarlo y asumir los costos que esto suponga. No es algo particularmente complejo de entender y, con el correr de los días, aumentará la presión para modificar la iniciativa oficialista a riesgo de perder el pan y la torta.
Esto explica, por lo tanto, la frialdad del gobernador de Córdoba sobre un tema sobre el que ya ha enviado mensajes de compresión. Él tampoco quiere quedar pegado en asuntos que van más allá de una genérica aprobación legislativa, especialmente cuando Alberto no ayuda ni se deja ayudar en este caso en concreto, como en tantos otros. Esto lo obligará a moverse con cautela y, tal vez, un par de pasos más atrás de los que esté dispuesta a avanzar el resto de la oposición.
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