En el equipo político del intendente Martín Llaryora predominan dos corrientes. La primera recomienda al titular del Poder Ejecutivo municipal que la administración pública funcione al 100 % a partir de julio, con los protocolos y excepciones que dispone la emergencia sanitaria. Aquí se encuentra la secretaría General, Verónica Bruera, cuya opinión se comprende porque está a cargo, nada más ni nada menos, que de potenciar y optimizar el uso de los recursos humanos y económicos.
La segunda vertiente de opinión entiende que la cuarentena ha otorgado a la gestión ventajas históricas para avanzar con el plan de gobierno, pese a la crisis sin precedentes que sacude al sector público y privado de todo el país. Claramente, aquí se ubican los funcionarios de perfil político que buscaron un entendimiento con el Suoem apelando al “sentir peronista” y fracasaron sistemáticamente como todos sus antecesores.
El co-gobierno municipal que tenía sentado a Rubén Daniele al lado del elegido por el pueblo y el deseo de Beatriz Biolatto de mantener la administración paralela queda al descubierto cuando promete que va a arder Córdoba, como su mentor en recordadas asambleas. Lo lograron por más de tres décadas y, posiblemente, hubiesen impuesto sus pretensiones si la pandemia de Covid-19 no hubiera irrumpido en nuestras vidas. Llaryora retrocedió en el primer trimestre de gestión apenas los municipales amenazaban con “hacer tronar el escarmiento”. El ejemplo fueron las tres centenas de contratados reincorporados.
Ahora bien, pese a las posturas blandas o duras que conviven en el gabinete municipal, son varias las fuentes encumbradas que remarcan que, esta vez, Llaryora no retrocederá. La razón es sencilla: “No hay plata”, repiten.
La carencia de recursos obligaría a profundizar el plan de recorte que se viene observando en la Municipalidad, con o sin cuarentena. Empezaron con horas extra y bonificaciones, la reducción del 14,28 % del sueldo básico producto de la reducción de la jornada laboral, el plan de jubilaciones anticipadas y la eliminación de los interinatos. Otras medidas de mayor contenido político se expresaron en el engorde del programa de servidores urbanos y la contratación de los inspectores militantes.
Decíamos, la incorporación de todos los municipales a sus puestos de trabajo supone la resurrección del poder de fuego del Suoem y el recrudecimiento del plan de lucha. Si en días de aislamiento obligatorio y limitación de la protesta el gremio municipal logró burlarse de la “nueva normalidad”, en el Ejecutivo dan por descontado que vendrán semanas difíciles.
Llaryora hizo saber que jugará a fondo y ya analiza la nueva medida que aplicará para desalentar las embestidas del sindicato: la movilización de sumarios administrativos que duermen el sueño de los justos, la creación de nuevos expedientes cuando corresponda y, por último, los despidos correctamente fundamentados. La estrategia se potenciará con la que se frustró en el debut de Hacemos por Córdoba en el Palacio 6 de Julio: la rescisión de contratos próximos a vencer.
Es probable que, a fines de junio, la conducción de Biolatto deba hacer malabares con el pago en cuotas de aguinaldos, los sumarios administrativos a quienes se resistan a cumplir con sus obligaciones laborales y la amenaza oficial de bajar 573 artículo 8 el próximo martes 30. Con el apoyo de la Provincia en esta cruzada, Llaryora podría pasar a la historia como el que logró “ponerle el cascabel al gato”.
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