El Ministerio de Trabajo de la Nación dispuso ayer la intervención del sindicato liderado por Mauricio Saillen y Pascual Catrambone, quienes permanecen detenidos en la cárcel de Bower desde agosto de 2019 en el marco de una causa que investiga lo posible comisión de los delitos de asociación ilícita, usura agravada, lavado de activos y administración fraudulenta.
Como interventor, la cartera que dirige Claudio Moroni designó al letrado Alberto Ricardo Simón, que deberá elaborar en el plazo de 45 días un informe detallado del estado económico financiero en que se encuentra la entidad y quedará a cargo de ejercer los actos conservatorios y de administración necesarios para subsanar las irregularidades determinadas por la Justicia. Desde luego, el plazo podría extenderse.
Contexto
La intervención llega después de un paro no reconocido por el Surrbac que significó el primer golpe del sindicato a la gestión de Martín Llaryora, y que dejó basura acumulándose en las calles de la ciudad durante cuatro días. El trasfondo del conflicto estuvo definido por una gran tensión entre el sindicato, que acostumbraba manejar a placer el Esop (Ente de Servicios y Obras Públicas) y los funcionarios que la nueva gestión puso al frente del ente creado durante la administración de Ramón Mestre.
La decisión tomada por Moroni llega, además, tras un acercamiento del líder caminero Hugo Moyano al gobierno nacional.
Si bien sobre el inicio de la gestión del Frente de Todos la tensión entre la Casa Rosada y el líder camionero fue en aumento, por quedar éste excluido de los lugares que reclamaba en el gabinete, en las últimas semanas el ex titular de la CGT ha dado reiteradas señales de respaldo al presidente. En medio, Moyano logró que Trabajo concediera personería gremial a un nuevo sindicato santafecino de camioneros encuadrado bajo la federación que él comanda, después de que Sergio Aladio (secretario general de Camioneros Santa Fe) retirara su seccional de la federación, en un movimiento similar al realizado por Mauricio Saillen años atrás, cuando retiró a los recolectores del convenio de Camioneros.
Un dato a no olvidar: durante la campaña electoral previa al 27-O, y tras la detención de Saillen y Catrambone, el propio Alberto Fernández pidió a Franco Saillen bajar su candidatura a la Cámara de Diputados de la Nación . Ese pedido no fue atendido.
Reacción
Tras conocerse la noticia el Surrbac se apresuró a declarar que se encuentra en estado de “alerta y movilización”, y convocó a una asamblea general extraordinaria el próximo viernes para definir la toma -o no- de medidas de acción directa en toda la provincia.
En lo que hace al resto del arco gremial cordobés, parece poco probable que el sindicato de recolectores coseche demasiados respaldos. Con la puntual excepción de la CGT Rodríguez Peña, que desde el encarcelamiento de Mauricio Saillen dirige el secretario general de Luz y Fuerza, Gabriel Suárez -comprometido en una causa judicial no muy diferente a la del líder del Surrbac-, podría descartarse un pronunciamiento a favor de los Saillen por parte del resto de los espacios gremiales de la provincia.
El papel de la nación
La intervención del Surrbac parece confirmar que, en los últimos tiempos, el poder central ha decidió adoptar un rol más activo -incluso que la propia Municipalidad- para romper el cerco gremial que condiciona, una a una, a las gestiones municipales que sucedieron a la de Luis Juez, quien empoderara desmesuradamente a los sindicatos que disputan con el Ejecutivo Municipal.
Como antecedentes recientes puede recordarse la intimación enviada por el Ministerio de Trabajo de la Nación para suspender una asamblea en la que el Suoem pretendía designar la Junta Electoral que tutelara el regreso de Rubén Daniele a la Secretaría General del sindicato, o la misma intervención de la mutual del Surrbac, decidida por el Inaes (Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social) meses atrás.
Municipalidad
Otro de los interrogantes que abre la intervención del Surrbac alude al Palacio 6 de Julio. Cierto es que cualquier acción que redunde en un debilitamiento del sindicato de recolectores parece allanar el camino de la actual gestión municipal, que necesita poner límite a las cuantiosas partidas presupuestarias que insume un servicio de recolección excepcionalmente caro. Sin embargo, un regreso del moyanismo al control del sindicato que -en los hechos prácticos- ha controlado la prestación del servicio en los últimos años tampoco podría las cosas fáciles al intendente.
Sea cual fuere el desenlace, Llaryora ya conoce de cerca ambos modelos de gestión gremial: en San Francisco, el Surrbac y Camioneros conviven, ya que los trabajadores encargados de la recolección manual y el barrido se enlistan en el primero, mientras que los que operan camiones responden al segundo.
¿Cómo sigue?
Al momento, no hay mayores precisiones acerca de cómo se sustanciará la intervención, y quedaría pendiente una reunión entre el interventor y el ministro de Trabajo. La atención estará concentrada, en las próximas semanas, en ver de qué manera repercute la información recabada por Simón durante la intervención del sindicato en la causa judicial a cargo de Bustos Fierro.
No debe soslayarse, finalmente, que la Justicia Federal ordenó recientemente allanamientos al Esop, al Palacio 6 de Julio y al Tribunal de Cuentas municipal en el marco de otra causa, en la que se investiga el presunto pago de servicios inexistentes por parte de la Crese. Esta investigación podría desentrañar la responsabilidad de ex funcionarios municipales en esta clase de maniobras en el corto plazo.
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