La Ley de Financiamiento Universitario está vigente desde octubre de 2025, cuando el Congreso insistió con dos tercios tras el veto presidencial. El Ejecutivo la promulgó pero suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025, con un argumento fiscal: la norma no identifica de dónde saldrían los fondos. La Justicia ordenó cumplir los artículos de salarios y becas —cautelar que la Corte Suprema dejó firme en junio— y el 6 de octubre un juzgado federal ordenó aplicar la ley completa, sentencia que el Gobierno apeló. La pregunta de fondo sigue abierta: ¿hay plata?
El informe de Zentrix dice que sí. El proyecto de Presupuesto 2027 destina $7,35 billones a universidades nacionales. Cumplir lo exigible por la cautelar —recomposición de salarios y becas— costaría unos $2 billones en 2027. Aplicar la ley completa, sumando funcionamiento, hospitales universitarios, ciencia y extensión, requeriría entre $2,45 y $3,65 billones. En todos los casos, el monto representa entre el 1% y el 1,8% del gasto total previsto para 2027.
¿Dónde están los fondos?
La jurisdicción que más crece en el proyecto 2027 es Obligaciones a cargo del Tesoro, que pasa de $5,6 a $14,8 billones. Más de la mitad figura como “otras asistencias financieras” sin beneficiario definido. Aplicando un criterio conservador —descontando la reserva para aumentos salariales de toda la administración y lo ya destinado a universidades— quedan $5,93 billones sin asignación específica. El costo máximo de la ley completa equivale al 62% de ese monto.
El punto central del análisis es que esos fondos ya están contabilizados en el gasto total del proyecto. Reasignarlos a las universidades no alteraría el resultado financiero previsto: lo que se reduce es la discrecionalidad del Ejecutivo para decidir su destino durante el ejercicio. La Ley de Administración Financiera habilita al jefe de Gabinete a reestructurar créditos dentro del monto total aprobado sin necesidad de una ley nueva.
El costo de no cumplir
Con nueve de cada diez pesos del presupuesto universitario destinados a salarios, la diferencia entre el crédito y la inflación recae directamente sobre el ingreso docente. El acuerdo de junio cortó 19 meses de caída, pero el salario real sigue un 22% por debajo del nivel de noviembre de 2023. Según el Consejo Interuniversitario Nacional, unos 10.000 docentes renunciaron en ese período, y en 2025 la ejecución real de ciencia y técnica universitaria equivalió al 38% de la de 2023.
La definición queda en dos frentes: la Cámara de Apelaciones, que revisará la sentencia de fondo, y el Congreso, que al votar el artículo 12 del Presupuesto 2027 tiene la posibilidad de cerrar el conflicto sin afectar el equilibrio fiscal.
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