Prefabricadas: la Justicia investiga a 3 empresas que podrían haber estafado con el sueño de la casa propia

Se trata de JSL Construcciones, Mundo Emerger y Viviendas El Ombú. Las firmas habían sido denunciadas en Defensa del Consumidor por al menos 25 familias que pagaron entre $ 50.000 y $ 130.000 cada una para construir viviendas prefabricadas y habiendo transcurrido un lapso de tiempo considerable, no se habrían iniciado las obras previstas.

Las tres empresas se desarrollan en el mercado de las casas prefabricadas.
Las tres empresas se desarrollan en el mercado de las casas prefabricadas.
Defensa del Consumidor lanzó una campaña de concientización para chequear datos de las constructoras de prefabricadas.
Defensa del Consumidor lanzó una campaña de concientización para chequear datos de las constructoras de prefabricadas.

"Hemos detectado incumplimientos graves de estas empresas, las que han faltado todas las veces que las hemos citado por las denuncias en su contra y como funcionario público y con las instancias administrativas agotadas debo dar curso a la justicia", explicó a InfoNegocios Ariel Juri, Director de Defensa del Consumidor.

El letrado presentó la documentación ante la Fiscalía Penal, tras constatar que las empresas habrían incumplido con sus compromisos y al no existir físicamente en sus domicilios declarados.

Hasta el momento hay alrededor de 25 denuncias de familias que pusieron un promedio de $ 90.000 cada una. Es decir que el perjuicio inicialmente sería por más de $ 2,25 millones.
 

Juri recordó que Defensa del Consumidor recomienda con este tipo de constructoras consultar previamente la si la empresa comercializadora presenta denuncias en su contra, la cantidad de ellas, y si ha sido multada y/o  sancionada por el organismo por incumplimientos en perjuicio de usuarios y consumidores.

Recordó además que el consumidor debe tomarse un tiempo para verificar la autenticidad y formalidad de la empresa, corroborando que se encuentre inscripta en SIFCOS, además de la habilitación municipal, registro en la Dirección General de Rentas de la Provincia y AFIP.

Desde la Justicia indicaron a este medio que receptaron el pedido y que tomarán las medidas pertinentes. (GL)

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