Las 4 medidas que las pymes de Idea le piden al gobierno de Milei (las prioridades de la agenda 2024)

Más de 70 dueños, CEOs y máximas autoridades de pequeñas y medianas empresas de toda la Argentina se reunieron en una nueva edición de Charlas Abiertas Pymes de IDEA. La intención: identificar las problemáticas comunes de las empresas y consensuar propuestas concretas para acercarles a Milei. Qué proponen.

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Según datos del Indec, las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 90% de las empresas y, solo pequeñas y medianas, concentran el 46% del empleo privado en Argentina. IDEA Pyme, el espacio que nuclea a estas empresas –representantes casi del 50% de los socios del ecosistema de la institución-, desarrolló un encuentro con el objetivo de contribuir a una agenda específica y propia para las pymes.

El resultado fue la elaboración de un documento que condensa el abordaje realizado por empresarios pymes en torno a dos ejes centrales: “Desarrollo económico y marco impositivo” y “Generación de empleo y marco laboral”. 

Las propuestas del desarrollo económico y marco impositivo
“Sin dudas para alcanzar el equilibrio de las cuentas del Estado, el pago de impuestos por parte de la ciudadanía es fundamental. Ahora bien, es necesario hacer foco en nuestro sistema tributario considerando su complejidad y sus elevados niveles de recaudación tributaria, que se ubican en torno al 30% del Producto Bruto. Estos volúmenes de recaudación tributaria se ven distorsionados por la informalidad laboral y la evasión tributaria, lo que termina por amplificar la presión tributaria que recae sobre quienes invierten y producen de manera formal en nuestra economía. En este sentido, desde el ecosistema pyme se identificó como una prioridad el combate a la evasión y, en un mismo plano, fomentar la educación financiera y la cultura tributaria”, dice el documento. 

Hoy existen 148 diferentes tipos de tributos y tasas a lo largo de nuestro país, de los cuales solamente 10 significan el 91% de toda la recaudación, se resaltó la relevancia de dinamizar las gestiones burocráticas. 
En muchos casos, estos procesos complejizan la dinámica interna de las pequeñas y medianas empresas que no cuentan con un departamento y/o recursos humanos especializados para abordar este entramado tributario y deben asumir mayores costos asociados a estas gestiones.

A partir de este diagnóstico inicial, proponen: 
1. Simplificar el sistema impositivo y avanzar en la digitalización de trámites. Al respecto se planteó la necesidad de reducir la burocracia asociada al marco tributario. En primer orden, reduciendo y/o eliminando total o parcialmente determinados tributos, como aquellos de escasa recaudación, los impuestos a los débitos y créditos, entre otros, gravando únicamente la venta minorista en el caso de ingresos brutos, evitando su encadenamiento regresivo, y deduciendo de ganancias las inversiones productivas. En adición, una mayor digitalización de la gestión administrativa simplificaría los costos asociados para el empresariado pyme.

2. Reducir la carga impositiva ante escenarios de reinversión productiva. En complementariedad con la dificultad de acceso al crédito en el sector y los elevados niveles de presión impositiva, se coincide en favorecer la reducción impositiva a aquellos que reinviertan en mano de obra -elevando la nómina de trabajadores-, en capacitación, maquinaria y modernización con el objeto de alcanzar mayores niveles de competitividad y acceso al mercado internacional.

Generación de empleo y marco laboral
“Identificamos que la fuerza laboral en el sector privado se encuentra segmentada en tres grandes grupos con dinámicas propias. Un primer segmento de asalariados formales, de calificación y productividad media y alta, que aporta al sistema tributario y goza de un alto nivel de derechos y protección laboral. Por otro lado, se ubica un segundo grupo de asalariados informales, mayormente agrupados en empresas pequeñas y, sobre todo, micro de hasta cinco empleados, con niveles de formación, productividad e ingresos sustancialmente inferiores a los del primer grupo. Y, por último, un tercer grupo de trabajadores independientes con una composición heterogénea”, describe el documento.

En suma, solo el 30% de la fuerza laboral ocupada privada tiene un empleo formal. Casi 8 millones de los trabajadores son informales (asalariados e independientes), bien por arriba de los 6,3 millones de empleados formales privados. De este modo, el empleado formal, la figura que naturalmente se asocia al mundo del trabajo en una economía desarrollada, en la Argentina representa menos de un tercio de la población ocupada y viene cayendo: en 2016-2017 esa proporción era del 33%.

Entre los ejes propositivos que actuarían como dinamizadores del mercado laboral, se destacaron:
1. Simplificación y reducción de multas y otros costos laborales. Entendiendo que el riesgo asociado al costo del cese de la relación laboral es uno de los obstáculos identificados por el empresariado como más relevante a la hora de la contratación, se encuentra oportuno modificar el esquema de multas laborales. En este marco sería conveniente contar con mayor previsibilidad con valores fijos y topes y/o marcando que el beneficio económico originado por la multa pase a ser un crédito en favor del Estado, buscando desincentivar litigios judiciales. 

A su vez, se destaca como conveniente la reducción de otros costos laborales, entre los que se mencionan, el esquema de capitalización de intereses en juicios laborales, el régimen indemnizatorio (contemplando la generación de un fondo de capitalización de desempleo), así como la simplificación y reducción de las cargas sociales.

2. Extensión del período de prueba. Por otro lado, con el objeto de generar menos intermitencia en las trayectorias laborales de las personas y entrenamiento en prácticas específicas el empresariado marcó como un incentivo a la contratación la extensión del período de prueba a seis meses. En paralelo, se coincidió en la importancia de lograr una mayor articulación público-privada en la ejecución de prácticas formativas, modificando la ley de pasantías, y reduciendo las cartas patronales para alentar la contratación de perceptores de planes sociales, primeros empleos o quienes se encontrarán fuera del sistema laboral formal por más de un año.

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