La potencialidad de Córdoba en la Economía del Conocimiento

Para implementar esta iniciativa como una política de Estado, el Ejecutivo provincial presentó un proyecto de Ley que fue discutido en distintas comisiones de la Legislatura Provincial y recientemente aprobado mediante la Ley 10.722. Este documento crea un Régimen de Promoción de la Economía del Conocimiento en Córdoba y propone un marco legal con seguridad jurídica y previsibilidad para desarrollar acciones en este sector.

Córdoba entiende a la economía del conocimiento como el sector en el que participan principalmente empresas locales dedicadas a las actividades de software y servicios informáticos, bioeconomía, servicios geológicos y de electrónica, servicios profesionales de exportación, nanotecnología, ingeniería para la industria nuclear, investigación y desarrollo, actividades aeroespaciales y satelitales, todos los componentes de la Industria 4.0 y las actividades audiovisuales.

De esta manera, se consolida como la primera provincia del interior del país en actividades vinculadas a la Economía del Conocimiento debido también a sus potencialidades:

• Está conformada por alrededor de 2.000 empresas, incluyendo centros tecnológicos públicos y privados, que producen servicios basados en el conocimiento o conocimiento embebido en productos.
• Ocupan más de 45.000 puestos de trabajo, con un promedio de remuneraciones superior a la media del resto de las actividades.
• Tienen presencia en la totalidad de la geografía provincial

Vale destacar que la Provincia tiene una ventaja competitiva ya que conforma un verdadero Centro del Conocimiento.

Cuenta con un sistema Científico Tecnológico, integrado por 12 universidades, 86 centros tecnológicos, 190 centros y grupos de investigación y más de 20 estaciones experimentales. A este sistema lo conforman más de 8.100 Investigadores, becarios, técnicos y personal de apoyo junto a 250.000 estudiantes universitarios y más de 10.000 egresados por año.

El proyecto enviado a la Legislatura provincial incluyó la opinión y participación de las entidades académicas y científicas, los sectores empresarios representados en las cámaras y clústers tecnológicos, además de la participación del Estado provincial como vinculador y armonizador de las demandas y necesidades específicas.