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Los funcionarios argentinos continuaron con sus reuniones con los cuadros técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) en Washington D.C., en el marco de las negociaciones por un nuevo acuerdo y presentaron la estrategia del Gobierno para obtener financiamiento en el mercado de capitales doméstico que ayude a cubrir el déficit fiscal primario de 2021.
Se trata de una de las cuestiones clave que el organismo pretende acordar con la Argentina, dado que ante el cierre de los mercados de deuda internacionales por el elevado riesgo país y la monetización del rojo no financiero de las cuentas públicas, el fondeo en la plaza local aparece como la opción para cubrir un déficit que oscilaría entre 4% y 5,5% del PBI según los analistas y que, si bien será más bajo que el 7% de 2020, es una cifra elevadísima.
Así, la comitiva argentina compuesta por el secretario de Finanzas, Diego Bastourre; los subsecretarios de Financiamiento, Ramiro Tossi, y de Servicios Financieros, Mariano Sardi, y el director por el Cono Sur ante el FMI, Sergio Chodos, mostró los lineamientos estratégicos del Gobierno para solventar ese exceso de gasto que, a números actuales, rondaría el billón de pesos.
El Gobierno busca amplificar sus posibilidades de financiamiento doméstico para reducir la dependencia de la asistencia monetaria y convencer al staff del FMI de que el sendero fiscal es sostenible. De hecho, en las reuniones del lunes Bastourre y Tossi mostraron el nuevo perfil de vencimientos tras los canjes con el sector privado.
Según el Presupuesto 2021 enviado por el oficialismo al Congreso, el Tesoro fondeará casi el 60% de este desequilibrio con asistencia del Banco Central (BCRA), mientras que el resto se obtendría de financiamiento neto en el mercado de deuda local, una importante dosis de incertidumbre teniendo en cuenta que prácticamente los $ 2 billones de déficit se taparon con emisión monetaria, ya sea vía adelantos transitorios (AT) o giro de utilidades remanentes.
Pero la baja del déficit no vendría por el lado de una reducción del gasto público, vía que recomienda una buena parte de los especialistas, sino por un incremento de la carga tributaria y la eliminación de la asistencia extraordinaria por la pandemia, tales como el Programa de Asistencia al Trabajo y a la Producción (ATP) y el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), por lo que el Gobierno insiste en que no hay un ajuste de las partidas y que, incluso, en términos reales crecerán.
El Fondo está al tanto de este severo desequilibrio fiscal, que se tradujo en los últimos meses en una ampliación de la brecha cambiaria entre el dólar oficial y la cotización libre y en un aumento de las tensiones sociales. Así lo indicó en su momento la directora del organismo, Kristalina Georgieva, que ve como prioritario una "hoja de ruta" para conseguir un puente de estabilidad, en un contexto de posible alta conflictividad.
"Hay expectativa de que el programa tenga un apoyo social amplio" aseguraron las fuentes oficiales consultadas sobre la marcha del diálogo con el FMI. Señalan que los funcionarios del organismo "no están mirando la dinámica de la fuerza política, sino de qué manera se consigue un consenso suficientemente alto que dé credibilidad y fortaleza al programa que se cierre".
Si bien hace unos meses la idea del Gobierno era cerrar un acuerdo rápido antes de fin de año, la actual expectativa oficial es arreglar antes de abril y obtener un plazo de gracia de cuatro años para el pago del capital de la deuda y la menor cantidad de condicionalidades posible.
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