El escándalo escaló cuando la ONG Democracia en Red y la Asociación Civil O.D.I.A (Observatorio de Derecho Informático Argentino) lanzaron la campaña "Reconoceme", advirtiendo sobre los peligros del SRF y su impacto en los derechos civiles y la privacidad. “Lo que inicialmente parecía una herramienta para garantizar la seguridad pública, se convirtió en un mecanismo de vigilancia masiva que podría limitar libertades fundamentales”, aseguran.
¿Vigilancia o protección? (Qué dicen unos y otros)
Los defensores del SRF, como algunos sectores del gobierno y de las fuerzas de seguridad, argumentan que su uso es necesario para combatir el crimen y garantizar la seguridad en la vía pública. La tecnología tiene el potencial de identificar a criminales y prófugos, permitiendo una respuesta más rápida y efectiva.
Sin embargo, los opositores señalan que esta herramienta se utiliza de manera indiscriminada y sin los controles adecuados, espiando a personas que nada tienen que ver con delitos. “La falta de transparencia y supervisión convierte al SRF en un arma de doble filo, afectando tanto a figuras públicas como a ciudadanos comunes. ¿Quién controla cómo se usan nuestros datos? ¿Quién garantiza que no sean mal utilizados?”.
Además, aseguran, existen numerosos casos de errores en la identificación, lo que llevó a detenciones injustas. “Estas equivocaciones, además de impactar en la vida de personas inocentes, exponen un problema mayor: la fiabilidad de los algoritmos y la falta de regulación en su uso. Si bien es cierto que cualquier tecnología puede fallar, cuando se trata de derechos fundamentales como la libertad y la privacidad, los riesgos son demasiado altos para ignorarlos”.
Europa ya tomó cartas en el asunto. En marzo de 2024, la Unión Europea restringió fuertemente el uso del reconocimiento facial por su capacidad para vulnerar los derechos civiles.
En Argentina, en 2019 O.D.I.A presentó un recurso de amparo que resultó en la suspensión del uso del SRF en la ciudad. Se descubrió que el sistema no cumplía con los requisitos de seguridad básicos y que los datos de personas ajenas a las listas de prófugos estaban siendo incluidos en las bases de datos. Entre los afectados, nombres como Cristina Fernández de Kirchner, Facundo Manes y Estela de Carlotto, pero también ciudadanos anónimos que no tienen los recursos ni la visibilidad para defenderse.
Una cuestión de derechos (no de tecnología)
La campaña "Reconoceme" busca precisamente abrir este debate. La cuestión no es si la tecnología es buena o mala, sino cómo se utiliza. El avance tecnológico puede ser beneficioso si se implementa de manera ética y responsable. Pero cuando se utiliza sin controles adecuados, puede convertirse en una amenaza para la privacidad, la libre circulación y otros derechos fundamentales.
¿Estamos dispuestos a ceder nuestras libertades en nombre de la seguridad? Y lo más importante: ¿qué tipo de seguridad nos garantiza un sistema que ni siquiera es capaz de garantizar que no se nos espíe injustamente?
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