Cómo funciona la ley de la Economía Popular, que formaliza los emprendimientos en las villas

A un año de su implementación ya regularizaron su situación 1500 unidades productivas. La norma busca maneras para que puedan acceder al crédito, los vincula con los privados y les posibilita ser proveedores del Estado.

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BELÉN PAPA ORFANO

En el Barrio 31 el macrismo camina cómodo. Es quizás la villa donde se llevaron a cabo los principales trabajos de urbanización y que hoy muestra los mayores índices de integración con el resto de la Ciudad de Buenos Aires. Allí también se ven los primeros resultados de la Ley de Economía Social y Popular aprobada a fines de 2020 por la Legislatura porteña con la que se busca formalizar los emprendimientos de los vecinos e insertarlos en las cadenas de valor a base de tender puentes con el sector privado y público.

En diciembre de 2020 la Legislatura porteña sancionó la Ley de Economía Social y Popular, con el acompañamiento del Frente de Todos y la abstención de la Izquierda. La norma brinda marcos legales para los emprendimientos informales, abre posibilidades de financiamiento para estos sectores considerados de riesgo por los bancos, habilita la posibilidad de que sean proveedores del Estado y fomenta la vinculación con el ámbito privado.

"Primero tenemos que reconocer el trabajo que se viene haciendo en los barrios populares. En los sectores populares se trabaja y mucho. El Estado tiene que tener una mirada de reconocer ese trabajo para poder formalizarlo e integrarlo a las cadenas de valor formal de la ciudad", sostiene Migliore.

Desde que se sancionó la ley ya se insertaron en este proceso de formalización unas 1500 "unidades productivas", así se denominan bajo el paraguas de la economía popular, que abarca a unas 5000 personas de todos los barrios populares de la ciudad.

Para la ministra de Rodríguez Larreta "el próximo paso que hay que dar en materia de desarrollo es pensar una política social que vaya muy de la mano de la economía popular, pero también entendiendo que si no hay una macroeconomía ordenada y un ciclo de crecimiento es muy difícil cualquier impacto que se pueda tener en ese sentido, sobre todo en un gobierno local".

Por otra parte, Migliore considera que el modelo del Estado asistencialista ha quedado caduco. "Hoy si vos decís que a los planes hay que cambiarlos por trabajos, no vas a encontrar persona que no esté de acuerdo. La discusión está en cómo logramos eso. Ahí sí hay que poner en crisis el paradigma del empleo genuino que está en crisis en todo el mundo", evaluó la ministra.

Y agregó: "El trabajo tradicional como se conocía hasta ahora no es lo que nos va a dar una solución de corto plazo y a escala. Hay que construir muchos caminos nuevos, muchos marcos normativos nuevos. Hay que hacer un trabajo de conversación que yo creo que se empieza a dar, veo mucho más consensos del que por ahí hay en otros sectores".

Su cartera, según explicó, trabaja por un lado las políticas de integración social urbana - "el lugar donde naces no puede condicionar tu futuro"-; y por otro parte, pone la mirada en fortalecer y reconocer el trabajo de la economía popular que, admite, "es un mundo que tenemos que terminar de comprender".

Cuando el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat puso la mirada en este sector descubrió tres barreras estructurales que impiden iniciar un camino hacia la formalización: 

  • Límites en su capacidad para producir
  • Canales de comercialización inestables y endogámicos
  • Financiamiento. Aunque tengan capacidad de pago el sistema bancario los considera de riesgo.

CINCO PUNTOS PARA ENTENDER LA LEY DE ECONOMÍA SOCIAL Y POPULAR

1 - Creación de un registro

La norma indica que para poder comenzar el camino de la formalización las unidades productivas deben inscribirse en el Registro de Unidades Productivas de la Economía Popular y Social (Rupepys).

"Como este sector es muy heterogéneo nos parecía bueno empezar a generar información, ver cómo se organizan, en qué ramas. Se anotaron 1500 unidades productivas en los últimos meses", explicó la ministra.

2- Herramientas para asistir y acompañar los procesos productivos

Según explicó la ministra se pusieron en marcha convenios con universidades y grupos empresarios como IDEA para llevar adelante programas de mentoreo a las unidades productivas. Los empresarios se pusieron a disposición para revisar procesos productivos y cadenas de valor con el fin de optimizar recursos.

3 - Proveedores del Estado

El Gobierno de la Ciudad adaptó los sistemas de compras para que las unidades productivas de la economía popular puedan comenzar a ser proveedoras del Estado. Según precisó Migliore en los últimos meses se adquirieron en su mayoría productos textiles, gráfica y catering.

4 - Vinculación con los privados

Además de los programas de mentoreo el Gobierno porteño funciona como puente para que las unidades productivas comercialicen con las empresas, desde regalos empresarios, hasta convertirse en proveedores.

"Se esta dando un cambio de paradigma grande en el mundo empresarial, les interesa comprar con impacto social. Sobre todo a las empresa que buscan el triple impacto. Buscan incorporar en sus cadenas de valor a estas unidades productivas", indicó.

5 - Inclusión financiera

Por un lado, la ley habilita herramientas de inclusión financiera para los comercios de los barrios populares para poder aceptar, por ejemplo, la Tarjeta Alimentar.

En tanto, para las unidades productivas que se hayan anotado en el registro se crearon líneas de crédito especiales en el Banco Ciudad. Estarán destinadas a aquellas unidades que se convierten en proveedoras del Estado, pero que aún no tienen la capacidad para producir mucho en un corto plazo. Con una orden de compra pública pueden acceder al financiamiento.

En tercer lugar se creó el Fondes, un fideicomiso en el que tanto el Estado como las empresas aportan fondos que luego se convertirán en préstamos para las unidades productivas. Comenzará a funcionar en febrero.

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